Francisco Atta, junto a su abogado, José María Guerra. / cober

El juzgado archiva el caso de los vales de gasolina en el Ayuntamiento de Valsequillo

Un auto acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias por las que estuvieron investigados 18 personas, entre ellos, el propio alcalde

GAUMET FLORIDO FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha dictado un auto por el que se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones por las que se investigó una posible trama en el uso de vales de combustible en el Ayuntamiento de Valsequillo.

Entre los 18 encausados por estas diligencias figuraba, entre otros, el propio alcalde, Francisco Atta, varios ediles, entre los que estaba Víctor Navarro, actual director general de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno canario, y empleados municipales. Con todo, la resolución aún no es firme.

La magistrada María Cecilia López Vázquez, en un auto fechado el pasado 31 de marzo, coincide con el Ministerio Fiscal al concluir que de las actuaciones practicadas «no queda suficientemente acreditada» la comisión de los delitos investigados, entre los que figuraban malversación, prevaricación y falsedad documental. Para justificar su decisión, reproduce los argumentos del Ministerio Público «en su detallado y exhaustivo informe».

Primero, y respecto al delito de malversación, sostiene que después de la «minuciosa» instrucción, «no ha podido acreditarse un uso particular de los vales de combustible». La magistrada afirma que «es innegable que existía una falta de control en el uso y disfrute de los vales» y «una falta de justificación de los kilómetros recorridos y de la actividad desarrollada en muchos casos».

Sin embargo, acto seguido añade que esas «deficiencias e irregularidades no convierten la conducta en típica» del delito que se le atribuye, dado que «no ha quedado mínimamente acreditado el desvío a un uso ajeno a la función pública».

En segundo lugar, y respecto al delito de falsedad, concluye que de las diligencias no cabe derivar que «los investigados hayan faltado a la verdad de forma deliberada y consciente». En ese sentido, entiende que debe dilucidarse en un procedimiento administrativo «la procedencia o no de las indemnizaciones por kilometraje reconocidas en diversos decretos de Alcaldía».

Y más en concreto, especifica que la secretaria municipal, Tania Naya, a la que también se le atribuía este delito, se limitó a hacer transcripciones en el libro de resoluciones y que el interventor Antonio Marrero solo se pronunciaba en relación a la existencia de fondo en las partidas.

Por último, subraya que aunque Atta, en tanto que alcalde, era el máximo responsable del Ayuntamiento y, por tanto, del gasto de combustible, existe un decreto desde mayo de 2015 en el que delegó la función del reparto de vales en los concejales.

Tampoco comparte la magistrada que pueda atribuírsele al regidor un delito de prevaricación, dado que «los decretos y demás resoluciones no pueden calificarse de arbitrarios» en la medida en que «iban precedidos de un informe técnico y a propuesta del concejal del área».