Anticorrupción se queda sola en su acusación contra la trama Kokorev

Lo acusa de haber blanqueado ganancias millonarias presuntamente obtenidas de vender a Guinea Ecuatorial material militar a precios que incluían «notorios sobrecostes».

De esta forma, el Ministerio Público se queda solo para intentar demostrar que Kokorev era el presunto «jefe de una organización criminal transnacional» dedicada al «comercio corrupto de material militar de defensa y doble uso».

Anticorrupción, de la mano del fiscal Javier Ródenas, sostuvo en su escrito de acusación que los Kokorev –la acusación también imputa en los hechos a su esposa, Yulia Maleeva, y a su hijo, Igor Kokorev– consiguieron generar «una riqueza ilícita millonaria de, al menos, 120 millones de euros, en el período comprendido entre los años 1999 y 2014», suministrando armas al Gobierno de Obiang.

En concreto, precisa, esa riqueza «ilícita» se amasó con los negocios que los Kokorev lograron hacer durante el proceso seguido por la Guinea Ecuatorial para dotarse de una Armada.

«Esa actividad, jamás declarada y siempre ocultada», dice la Fiscalía, fue realizada a través de dos empresas panameñas y otra de las Scheychelles.

También figuran como acusados el abogado Juan Arencibia, al que Ródenas considera el artífice de las 45 sociedades que supuestamente creó la familia Kokorev en Canarias para blanquear dinero, y dos de las hermanas de este letrado, que actuaron presuntamente como testaferros.

El procedimiento está pendiente en estos momentos de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas resuelva si tiene que ser juzgado en este órgano –como así sostiene Anticorrupción y el letrado de Igor Kokorev, o se envía a la Audiencia Nacional, como interesan los abogados de Vladimir Kokorev y su esposa, Julia Maleeva.

En la vista, celebrada el pasado mes de diciembre, el fiscal Javier Ródenas y la acusación ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, se opusieron al traslado del caso a Madrid, al entender que los delitos de blanqueo de capital que se van a juzgar se han producido en la provincia de Las Palmas y, por lo tanto, es competencia de su Audiencia territorial.

Por su parte, el abogado de Vladimir Kokorev argumentó que de manera «inequívoca» la causa debía ser juzgada por la Audiencia Nacional por «la conexión existente con la que instruye contra su cliente por tráfico ilegal de armas».

Según el letrado José Antonio Choclán, además se pueden producir resoluciones contradictorias si se mantiene la causa en dos sedes judiciales, por lo que entendió en la vista que lo adecuado sería esperar a que concluya la instrucción por tráfico ilegal de armas e, incluso, que se juzgara como una pieza separada.

Quiso recalcar que, hasta 2011, los Kokorev no adquirieron la nacionalidad española, por lo que el delito que se le atribuye lo habrían cometido ciudadanos extranjeros y fuera de España.

Ahora, la acción popular y tras una reunión que llevaron a cabo el pasado día 21 de diciembre de 2023, ha trasladado a la Audiencia Provincial de Las Palmas que retira «la acusación que en el ejercicio de la acción popular había presentado» debido a la «falta de recursos que actualmente mantiene la asociación», expuso su letrado en el escrito de renuncia.

De la misma forma, expresó su «certeza de que la acusación pública continuará ejercitando la fundada acusación con el rigor y profesionalidad mostrados hasta ahora», destacó.