El coche del juez Mariano López Molina después de ser atacado. / C7

Tribunales

Un abogado le dijo a un juez que era «terrorista de la ETA» antes de ser detenido

En Gran Canaria se han registrado, al menos, tres ataques a jueces. En una de ellas, un letrado fue detenido antes de un juicio civil en julio

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Representantes del ámbito judicial, fiscal, de la Abogacía y otros sectores vinculados con la Justicia participaron este miércoles en toda España en concentraciones de repulsa a la agresión sufrida por una jueza en Segovia, para apoyar a la afectada y también en demanda de más seguridad. Hay que destacar que en Gran Canaria, se han contabilizado, al menos, tres hechos violentos contra jueces en los últimos tiempos de los que uno ya fue juzgado y los otros dos se encuentran en fase de instrucción.

El primero de ellos se produjo en enero de 2012, cuando un individuo la emprendió a martillazos contra el coche del titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Arucas, Mariano López Molina, y provocó importantes daños en el vehículo. El hombre fue detenido por un agente de la Policía Local del municipio grancanario que se hallaba en la zona y entregado a la Guardia Civil. José Juan Naranjo, que es como se llamaba el autor de este hecho, además de emprenderla a martillazos con el auto, amenazó con un cuchillo al vigilante de los juzgados.

Finalmente fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de atentado a la autoridad judicial, amenazas graves, así como una multa y la correspondiente indemnización por el destrozo del coche.

El abogado acusado citó como testigos a Kofi Annan, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Meritxell Batet y a todos los embajadores de España

Ya este año, concretamente en el mes de julio, el magistrado afectado fue Gumersindo Pedro Manso Abizanda, titular del Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y el presunto autor de lo hechos fue un abogado que iba a participar en una vista en dicho órgano judicial.

Previamente, este letrado había creado cierta controversia en el Juzgado al haber pedido como testigos en este procedimiento civil referente al despido de una embarazada, a personalidades como el premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al ministros José Luis Ábalos, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet y a todos los embajadores de España.

Nada más comenzar la vista, el abogado empezó a increpar al magistrado diciéndole que pertenecía a la banda terrorista ETA, que era un terrorista y que no era un juez predeterminado por la ley. El letrado se abalanzó sobre el magistrado, que evitó la agresión, y tuvo que ser reducido por los miembros de seguridad del edificio y detenido por los agentes de la Policía Canaria, que lo trasladaron hasta los calabozos.

Este procedimiento está pendiente de juicio y el letrado está acusado de delitos de desorden público y amenazas.

El otro de los casos es el de la amenazas graves e injurias cometidas por un condenado por violencia de género sobre la magistrada María Auxiliadora Díaz.

Los Tribunales Superiores y el CGPJ rechazan la violencia

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España, elaboraron un manifiesto en el que prestaron su «apoyo y el deseo de que nuestra compañera se recupere rápida y felizmente tras la violenta agresión que ha padecido en su persona», expresaron. «Quienes presidimos los Tribunales Superiores de Justicia, más allá del rechazo a cualquier ejercicio de violencia ilegítima, queremos enfatizar la trascendencia de la desplegada contra quienes en el Estado de Derecho tienen encomendada la función de resolver pacíficamente los conflictos. Todo lo cual nos causa preocupación e inquietud, como muestra de la inseguridad en que se puede tener que ejercer la función jurisdiccional», argumentaron los magistrados en su escrito conjunto. Por su parte, el CGPJ trasmitió a la magistrada y a su familia su apoyo y deseos de una pronta recuperación. Además, el órgano de gobierno de los jueces destacó que en un Estado de Derecho corresponde al Poder Judicial «la pacífica resolución de los conflictos», a través de los cauces procesales legalmente predeterminados, con las garantías constitucional y legalmente establecidas.