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La Justicia ha desestimado el recurso que el empresario Miguel Ángel Ramírez presentó contra el Cabildo reclamando una indemnización por valor de 5,93 millones de euros, más intereses, por los daños y perjuicios que dice haber sufrido al ser «condenado injustamente» por un delito contra la ordenación del territorio al considerarse no autorizables unas obras que finalmente resultaron plenamente legalizables en su finca de La Milagrosa.
La denuncia del presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas sostenía que existe una clara relación de causalidad entre el acto anulado por el Cabildo (las calificaciones territoriales para obras en suelo rústico que le fueron denegadas en 2006 y 2014) y los daños y perjuicios causados por las sentencias penales que le condenaron a tres años y un día de prisión, al pago de una multa de 43.200 euros y a la demolición de las obras que fueron consideradas ilegales.
La demanda de Ramírez, presentada en marzo de 2022, recordaba que, acatando una sentencia firme de 2019, el Cabildo tuvo que anular en 2020 la resolución que seis años le negó la calificación territorial que solicitó para legalizar varios elementos de las obras que hizo en La Milagrosa.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la que cabe recurso de apelación, impone las costas a los recurrentes (Miguel Ángel Ramírez y Gestiones y Asesoramientos 3000 SA) y sostiene que lo que debieron hacer es combatir la firmeza de los pronunciamientos penales condenatorios solicitando la revisión de dichas sentencias.
«Lo que no resulta factible es sortear dicho paso (el de anulación de las sentencias penales firmes) y pretender actuar como si los fallos recaídos en el orden jurisdiccional penal devinieran nulos por la fuerza de los hechos en que (los recurrentes) fundamentan su reclamación y de esta manera acceder a una indemnización a satisfacer no ya por el Estado, en tanto que el daño proviene de unas sentencias, sino por un Cabildo», mantiene la sentencia desestimatoria.
El recurso mantenía que como consecuencia de la actuación del Cabildo y de sus funcionarios se había causado «innecesaria e injustamente un grave daño reputacional irreparable» a Ramírez por su «conocida dimensión pública, tanto como empresario de primer nivel en el ámbito regional e incluso nacional, como por ser presidente de la UD Las Palmas desde hace veinte años, con las indeseables consecuencias que ello ha tenido para su honor e imagen personal».
Por ello reclamaba una indemnización de 5 millones de euros por daños morales, más 685.585 euros por el coste de las obras de reposición, 43.711 euros por las obras de demolición, 43.260 euros por la multa que abonó y otros 159.1268 euros por lucro cesante por pérdida de aguacates.
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