Imagen del albergue de animales. / c7

El albergue insular ha recibido 11.100 animales desde 2017, de los que el 67% ha sido adoptado

La consejera insular de Medio Ambiente comparece ante el Pleno a petición de Unidos por Gran Canaria

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Inés Jiménez, que este viernes compareció en el pleno, a petición de Unidos por Gran Canaria, para que diera cuenta de la gestión del albergue insular, informó de que desde 2017 hasta 2020 esta infraestructura insular ha recibido 11.088 animales, y que, de ellos, el 67% ha salido adoptado. También dio a conocer que frente a los 70.000 euros con los que se dotaba anualmente este servicio, el actual gobierno ha pasado a dedicarle al año un millón de euros.

José Miguel Bravo de Laguna, portavoz de Unidos, justificó inicialmente su solicitud de comparecencia porque entendía necesario traer al debate plenario un «tema de gran sensibilidad social del que desgraciadamente no se habla lo suficiente». Recordó que en la isla se estiman unos 10.000 abandonos al año e insistió en que más que una crítica, lo que buscaba era información, si el esfuerzo presupuestario que ha hecho el Cabildo para con este albergue está siendo eficaz. Se preguntó, por ejemplo, que si la infraestructura tiene capacidad para 500 animales y solo albergaba 185 en abril de 2020, que es el último dato del que tiene constancia, ¿dónde está el resto si se calcula que hay 10.000 abandonos al año?

La consejera empezó intentando desmentir lo que ella llamó mantras falsos. Coincidió con Unidos en que el abandono de animales en Canarias es un «problema estructural», aunque negó que lidere cifras en el mundo, y aclaró que no ha aumentado el número de abandonos en el albergue, ni ocultan datos, ni prohíben la entrada a la instalación y dijo que «la posición de sacrificio cero es una posición demagógica». Dejó claro que el centro grancanario «es referente a nivel nacional» y que cuando se opta por el sacrificio es «por cuestiones humanitarias y éticas», porque lo decide un comité ético. Sacó a relucir el Pacto de Bienestar Animal que se firmó en 2019, en el que están los 21 ayuntamientos, protectoras o la ULPGC, que «surgió de un clamor, porque antes no había nada, ni había un equipo profesional en el albergue».

Inés Jiménez

Jiménez informó de que en 2017 se encontró en el centro con «eutanasias indiscriminadas, sobrepoblación, animales enjaulados, sin personal suficiente y sin campañas de esterilización». Luego pasó a detallar cifras. Señaló que de los 70.000 euros de presupuesto de 2017 se ha pasado a un millón. «Hemos aumentado presupuesto y personal (ahora son 18 trabajadores), también la capacidad de acogida (263 perros y 100 gatos), tenemos un aula docente de la Facultad de Veterinaria, campañas de esterilización, visitas de escolares y protocolos de funcionamiento recomendados por la Unesco». Detalló que desde 2017 a 2020 ingresaron 11.088 animales, un 67% de los cuales salieron adoptados (7.448), un 3,4% fueron recuperados por sus dueños (382) y un 28% murieron en el centro (3.060). Y de estos, 1.821 fueron eutanasiados por varias causas. De enero a julio de 2021 entraron 655 perros y 186 gatos.

Bravo de Laguna apuntó al final la posibilidad de que se valore sacar a concurso la gestión del albergue, que ahora está en manos de Gesplan, una empresa pública regional de planeamiento urbanístico, para que lo asuma una entidad especializada.