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El impuesto sobre el depósito de residuos en los vertederos de los dos ecoparques de la isla que abonan los ayuntamientos, particulares y empresas desde el 1 de enero y que se cobra trimestralmente será un 7% más caro desde el 1 de abril, una vez que el Consejo de Gobierno Insular ha actualizado los importes aprobados inicialmente sin IGIC.
El Gobierno insular aprobó este lunes la revisión al alza del citado impuesto acatando la contestación vinculante de la Agencia Tributaria Canaria a la consulta que le había hecho sobre si debía añadir o no el IGIC a la tabla de precios aprobada, aunque ha decidido abonar de su bolsillo el 7% correspondiente al primer trimestre de 2023.
El impuesto que castiga a los depositarios por los residuos que entran en los complejos de tratamiento y acaban siendo enterrados en los vertederos, dada la imposibilidad de proceder a su reciclaje al venir mezclados y no separados, fue creado por la nueva ley nacional de residuos y es recaudado por la Comunidad Autónoma.
El Cabildo se limita en este caso, a través de la concesionaria de los ecoparques, a llevar el control de los residuos que entran en los complejos de Salto del Negro y Juan Grande y los que, tras el correspondiente tratamiento, acaban en los vertederos sin obtener nada a cambio, explica Elisa Monzón, Jefa del Servicio de Residuos.
Este impuesto trata de incentivar el incremento de la separación selectiva de los residuos por los productores, de modo que aumente el porcentaje de reciclaje y se reduzcan las toneladas que se entierran cada año, porque quien mejor separe menos paga y la previsión inicial era recaudar 9 millones de euros en la isla en 2023.
Las cuentas, sin embargo, se quedaron cortas porque solo en el primer trimestre el importe del impuesto al vertido de residuos se ha elevado a 2,52 millones de euros, sin IGIC, por lo que, de continuar esta tendencia, a final de año se superarán los 10 millones de recaudación, más aún añadiendo el 7%.
No obstante, el adelanto de la implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos, que será obligatoria antes del 31 de diciembre de 2023, podría reducir esa recaudación y de paso el volumen de basura que se entierra.
La decisión de asumir el IGIC de este impuesto correspondiente a los tres primeros meses de 2023 le costará a las arcas insulares 176.608 euros.
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