Unas supuestas adjudicaciones a dedo que se ejecutarían con el visto bueno del interventor del Cabildo y esposo de Ángeles Horna, que era conocedor de estas maniobras objeto de investigación judicial, según se desprende de la documentación incautada a los detenidos y analizada por la UDEF de la Policía Judicial.
Esta es una de las conclusiones que se puede extraer del informe realizado por los expertos policiales después del volcado y análisis de todos los dispositivos incautados a las seis personas investigadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Todos ellos cometidos, supuestamente, contra el Cabildo de Gran Canaria con la organización y celebración de cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Esta manera de proceder, entre otros aspectos analizados en la cantidad ingente de documentación incautada, a juicio del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, le ha llevado a tener una sospecha fundada de que se estaba llevando a cabo una «actividad corrupta» en la Consejería de Política Territorial del Cabildo con la supuesta connivencia de los tres funcionarios y la consejera Inés Miranda imputados.
Hasta el momento, han declarado en sede judicial todos los investigados a excepción de Miranda, que no lo hizo al estar en Nueva York en la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas, y del exdirector general Rafael Pedrero, que comparte abogado con la consejera e interesó que ambos depusieran el mismo día.
Jornada de 2016
La primera de las Jornadas del Paisaje, según la UDEF, se celebró el 30 de noviembre y el Cabildo utilizó la figura del contrato menor adjudicado al Instituto Canario de Telecomunicaciones (ICT), propiedad de Millares, por 18.425,40 euros. Un procedimiento «bastante mejorable», según la asesoría jurídica de la Corporación.
Pero lo destacable para los investigadores es que antes del inicio del expediente el 31 de octubre, se produjeron conversaciones entre Horna y el que fuera director general de Política Territorial, Rafael Pedrero, en el que ambos ya concretaban detalles de la organización de las jornadas.
Uno de los correos que encontraron los agentes, Horna solicitó a Pedrero su correo «para poder adelantarle la propuesta», especificándole que quería el particular y no el corporativo «para no dejar rastro». También detectaron otro de fecha 2 de noviembre en el que Horna gestionaba con Pedrero «todo lo concerniente al alquiler de las salas donde se iba a desarrollar dicho evento», así como el encargo de libretas a Red de Comunicación Gráfica, un gasto «que fue incluido» posteriormente en el presupuesto asignado a ICT. La adjudicación final a ICT se produjo el 11 de noviembre.
Jornada de 2017
Se celebraron el 22 y 23 de junio utilizando el Cabildo de nuevo la figura del contrato menor con ICT por 19.260 euros adjudicado el 25 de abril, aunque sin concretar el desglose de las actuaciones y los presupuestos.
Nuevamente, antes de la adjudicación del contrato se produjeron conversaciones entre Horna y Pedrero para organizarlo todo. Se dio la circunstancia de que ICT aportó a la Consejería como dirección una oficina de la calle Senador Castillo Olivares, que era la sede de Imaco 89.
Además, como prueba de que Horna era la organizadora, hallaron correos en los que coordinaba «la invitación de los ponentes» antes del inicio del expediente de adjudicación que ya «se encontraba designada con anterioridad» al ICT. «Queda reflejada la influencia que tiene Horna dentro del ente público y el conocimiento de su participación en la organización de las Jornadas por parte del resto de responsables de la propia consejería, esto son: Rafael Pedrero, Inés Miranda y Víctor Quevedo», dice la UDEF.
Así mismo, deducen los agentes que «aunque el remitente es ICT», fue «la propia Ángeles Horna la que envía los correos» y la que «establecía las reuniones en la propia Consejería para tratar temas relacionados con las jornadas objeto de investigación».
Interventor
José Juan Sánchez
Es el interventor general del Cabildo Insular de Gran Canaria y esposo de Horna.
Directora de Imaco
Ángeles Horna
Periodista y propietaria de la empresa Imaco 89, además de esposa del interventor.
Consejera
Inés Miranda
Sigue siendo la consejera del área de Política Territorial y Paisaje de la Corporación.
Director general
Víctor Quevedo
Arquitecto y era director general del Plan Insular de Ordenación (PIO).
Director general
Rafael Pedrero
Ostentaba por aquel entonces la plaza de director general de Política Territorial.
Periodista
Mónica Torres
Ejercía en el año 2019 el cargo de directora de la empresa Yedra Comunicación.
En estas segundas jornadas suscribieron tres contratos de patrocinio «de tramitación anómala» con Grafcan -por 1.500 euros-, Red Eléctrica de España -por 2.500- y Canaragua -por 1.500-, cantidades que no fueron a parar a las arcas del Cabildo como así está establecido, sino a la de la empresa adjudicataria.
También se suscribieron cuatro contratos menores con tres empresas y la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria que abonó el Cabildo y no ICT.
Jornada de 2018
Celebradas el 19 y 20 de abril en el Alfredo Kraus, fueron las primeras jornadas en las que se utilizó con ICT la figura del contrato de servicio mediante un procedimiento negociado y sin publicidad por 29.969 euros.
Para poder ejecutarlo, la Consejería invitó a participar en la puja el 21 de marzo a las empresas Colorado Producciones SL -que renunció- e Inexart Canarias SL -que no respondió, al igual que ICT-. El plazo otorgado a las tres empresas fue de solo cinco días naturales no justificado y que era de aplicación «jurídicamente improcedente».
En ese tiempo tan corto, ICT ya contaba con toda la información para concurrir a la oferta y prueba de ello, según la UDEF, es un correo entre Horna y Pedrero del 10 de octubre en el que la investigada preguntaba al director general si tenía «alguna fecha prevista para la reunión de las III Jornadas del Paisaje». Todo ello a pesar de que el informe de necesidad para la tramitación y adjudicación del contrato se inició el 19 de febrero y la resolución iniciando el expediente administrativo fue un día después.
Además, encontraron un correo en los que Míchel Jorge Millares solicitó información a los funcionarios investigados «en relación a la documentación a presentar para optar a la adjudicación» del contrato el 14 de febrero, un mes antes de se realizara la invitación formal a las tres empresas para que concurrieran en el procedimiento.
También detectaron emails de Horna contactando con especialistas en la materia para invitarlos a participar como ponentes, a pesar de que negó siempre haber sido una de las organizadoras de las jornadas.
Nuevamente el Cabildo pagó facturas expedidas por varias empresas que fueron contratadas por ICT y también el alquiler del Auditorio Alfredo Kraus.
Jornada de 2019
La última edición de las Jornadas del Paisaje se celebró el 13 y 14 de marzo y en este caso, los investigadores determinan que Horna cambió de testaferro y en vez de seguir contratando a Millares, contó con los servicios de la periodista Mónica Torres y su empresa Yedra Comunicación.
El denunciante Rafael Ramírez declaró en su momento que este cambio fue motivado porque él mismo había alertado al Cabildo de que se estaban cometiendo irregularidades.
De esta forma, la Consejería volvió a la fórmula del contrato menor de servicios suscrito con Yedra Comunicación el 15 de enero por 14.950 euros. Pero previamente, la Policía detectó conversaciones entre Horna y Torres el 28 de diciembre en las que la segunda informaba a la mujer del interventor general que ya le había enviado «la propuesta [...] Básicamente es lo mismo que me mandaste, pero en formato Yedra».
También entiende la UDEF que Horna es la persona «que realiza las gestiones entre el ente público (en este caso Víctor Quevedo) y Mónica Torres para la designación a ésta de la organización» de estas jornadas.
Se ejecutaron diversos contratos menores que sumaron la cantidad de más de 67.000 euros con empresas relacionadas directamente con Imaco 89 y en la mayoría de ellas se repitió el presunto mismo patrón que con ICT y Yedra Comunicación, es decir, posteriormente, ingresaban una parte de esas cantidades a la mercantil de Ángeles Horna.
También se repitió el patrón con los patrocinadores, que pagaron y el dinero fue a parar a los investigados.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.