Gran Canaria evita una «situación grave de salud» con los lixiviados

El acuerdo responde a la exigencia que la Inspección Ambiental del Gobierno canario ha impuesto de realizar el tratamiento de esos lixiviados, procedentes de las celdas de vertido del Ecoparque y del tratamiento de lodos de depuradoras en la planta de biometanización, en una depuradora con autorización de gestor autorizado, lo que no tiene ninguna de la isla.

Cumplir las exigencias de la Inspección Ambiental provocaría «una situación insostenible tanto en el Ecoparque Norte, por riesgo grave de desbordamiento de los depósitos de lixiviados y de corrimiento del talud del vertedero», como en las depuradoras «al verse obligadas a evacuar dichas aguas sin tratar (ya sea al mar a través de los emisarios submarinos o al dominio público hidráulico) incumpliendo la normativa de aplicación y con riesgo grave de impacto ambiental al medio natural receptor de las mismas», explica el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular.

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El mandato de la Inspección Ambiental del Gobierno canario afectaría a las depuradoras de los ayuntamientos que mantienen dicha competencia (Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Mancomunidad del Sureste y San Bartolomé de Tirajana) y a las del Consejo Insular de Aguas (en el resto de municipios en que se ha delegado esta competencia local al organismo insular), detalla el acuerdo.

El Cabildo basa esta expediente de responsabilidad medioambiental por amenaza inminente de daños medioambientales en la isla en el informe del Servicio de Residuos que describe los antecedentes de la gestión de los lixiviados y el clarificado producidos mayoritariamente por el tratamiento de los lodos de depuradoras en el Ecoparque Norte y detalla «la inacción» de las administraciones competentes para resolver los procedimientos iniciados por el Cabildo para contar con las autorizaciones necesarias para normalizar esta gestión.

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El acuerdo también insta al operador del Ecoparque Norte a continuar con el vertido a la red de saneamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de los lixiviados tratados en la EDAR de Barranco Seco, en las condiciones consensuadas con el operador y que son objeto de un procedimiento de modificación de la autorización de vertido iniciado ante el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también pendiente de resolución.