El Gobierno afronta reclamaciones de indemnización por 58 millones de euros en Meloneras
Política Territorial tramita el cumplimiento de dos sentencias derivadas de la moratoria
El Gobierno de Canarias tendrá que lidiar en los próximos meses con dos reclamaciones de indemnización por parte de empresas del grupo Lopesan que suman 58 millones de euros. Los dos expedientes vienen derivados de la obligación del Ejecutivo regional de cumplir con dos sentencias firmes sobre dos parcelas de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, que se vieron afectadas por la moratoria turística.
Desde Política Territorial aclaran que si bien los tribunales le conminan a indemnizar a Lopesan por esos terrenos, también es cierto que no precisan la cuantía, que se deberá definir, por tanto, en el procedimiento que ahora se abre.
Una de las parcelas, de 59.449 metros cuadrados, recibe el nombre de APHB-3 y forma parte del Plan Parcial Meloneras 2A, por la que Maspalomas Resort SL reclama el pago de 37,3 millones de euros (37.391.571) más los intereses correspondientes, y la otra, la 1 HB, de 19.828 metros cuadrados, inserta en el Plan Parcial Meloneras Golf, por la que Hijos de Francisco López Sánchez SA reivindica una indemnización de 20,7 millones (20.779.168), más los intereses.
Dos frentes de acción, uno urbanístico y otro económico
El cumplimiento de ambas resoluciones judiciales exige dos frentes de acción, el urbanístico y el de la reclamación económica. El primero se materializará a través de sendas modificaciones menores del Plan General de Ordenación de San Bartolomé que el Gobierno canario ya está tramitando, y el segundo, el monetario, mediante la incoación de un expediente paralelo para la fijación de las respectivas cuantías de indemnización de acuerdo con la normativa de Expropiación Forzosa.
Ambos expedientes tienen su origen en la aplicación del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes de ordenación territorial, que recogía la posibilidad de que, dentro de los seis primeros meses desde su entrada en vigor, los titulares de suelos urbanos de uso turístico, así como de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados con destino total o parcialmente turísticos que, en aplicación de la moratoria turística, se mantuvieran inedificados, pero con sus derechos urbanísticos consolidados, pudieran optar por su reclasificación a rústico de protección territorial mediante la modificación del planeamiento general. A cambio se les reconocía la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios que tuviese.
Las dos empresas vinculadas a Lopesan solicitaron acogerse a ese artículo para ambas parcelas, pero comoquiera que el Gobierno canario no cumplió con los plazos, las dos entidades interpusieron sendos contenciosos-administrativos tras los que consiguieron que los tribunales les dieran finalmente la razón.
Sentencias firmes a favor de Lopesan en 2016
En ambos casos las sentencias adquirieron firmeza a favor de Lopesan en febrero de 2016. En esencia, compartieron casi el fallo. Condenaban al Ejecutivo regional a iniciar y resolver los procedimientos de reclasificación de suelo y a la fijación de la indemnización.
En 2021 Política Territorial procedió a ejecutar ambas resoluciones y lo primero que hizo fue informar al Ayuntamiento de San Bartolomé de que debía promover esas dos modificaciones menores del PGO para ambas parcelas. Como pasaron 6 meses sin que el consistorio moviera ficha, el Gobierno canario ha asumido ese trámite. Se lo encargó a la empresa pública Gesplan y ahora tiene las dos propuestas en información pública. Ambas parcelas pasarán a ser clasificadas suelo rústico común de reserva, lo que en la práctica las preserva para futuras necesidades de desarrollo urbano.
