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La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha constatado la existencia de facturas que podrían probar que la empresa adjudicataria de la organización del llamado 'congreso del lujo', celebrado en noviembre de 2022 en San Bartolomé de Tirajana, hizo pagos anteriores no solo a la firma del contrato, sino incluso a la fecha de licitación del propio concurso en virtud del cual se le adjudicó.
Así consta en la querella presentada en los juzgados de San Bartolomé, donde incluso se detalla, por ejemplo, que Sonocom, quefirmó el contrato el 14 de noviembre, había reservado y pagado de forma anticipada, desde septiembre, el hotel donde se iba celebrar el evento, un congreso formativo dirigido a funcionarios habilitados nacionales (interventores, tesoreros y secretarios) que tuvo un coste de 500.000 euros de dinero público, 400.000 aportados por San Bartolomé y 100.000, por Santa Lucía. Por cierto, el dinero en noviembre de 2023 aún no se había abonado a Sonocom.
El documento, firmado por la delegada de Delitos Económicos de la Fiscalía, Evangelina Ríos, insta a que se cite como investigados a siete personas toda vez que de sus actos se desprenden indicios de tres delitos, prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, en la tramitación administrativa por la que se adjudicó el llamado I Congreso de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional, celebrado entre el 16 y el 18 de noviembre de 2022.
Serán citados a declarar la exalcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez (PSOE), ahora en la oposición; el actual alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García (NC); las interventoras de ambos ayuntamientos, las hermanas Tania y Noemí Naya, respectivamente; Manuel Lorenzo, técnico audiovisual del Consorcio Sur Gran Canaria para la TDT; Alfredo Domínguez, técnico de Festejos de San Bartolomé y persona designada como responsable del contrato firmado entre el Consorcio Sur y Sonocom; y Óliver Armas, administrador único de RM Sonocom SL.
Otras facturas que obran en autos y que son anteriores al anuncio del concurso y al contrato son una de 180 euros por 130 land yard (cordones) que data del 3 de noviembre y pagada por transferencia el día 9; y otra de 5.216 euros para 130 packs de material de 'merchandising' (bolsa, bolígrafo, agenda y batería externa portátil, entre otros objetos), emitida el 17, pero de la que consta un pago anticipado de justo la mitad del importe el 28 de octubre. Además, Sonocom pidió presupuestos a una empresa de catering el día 10 para el cóctel de bienvenida del 16 y para la cena de gala del 18 con descripción de platos y bebidas para 200 invitados.
La querella repara en que la organización «se residenció de manera artificiosa» en el Consorcio Sur, del que forman parte los dos ayuntamientos, pese a que este servicio no forma parte de sus funciones, por lo que carecía de medios para llevarlo a cabo y se justificó la necesidad de una contratación externa. Para hacerlo posible, según narra la fiscal, se dio pie a una «actividad frenética».
El 26 de octubre los ayuntamientos hicieron el encargo al Consorcio, el 27 el técnico elaboró el informe de insuficiencia de medios propios, el 28 se redactan los pliegos, entre el 27 y el 28 la interventora del Consorcio, Tania Naya, emite informes preceptivos y también hubo tiempo de un consejo rector extraordinario y urgente para que la presidencia del Consorcio, a nombre del alcalde de Agüimes, pasara al de Santa Lucía, Francisco García.
Entre las irregularidades detectadas por la fiscal figura que no existe informe sobre la causa que justificó recurrir a un procedimiento negociado pese a que su uso es excepcional; que se invitara a un solo licitador cuando lo mínimo exigido por ley son 3, como así instó el técnico Lorenzo; que García, como presidente del Consorcio, adjudicara el contrato por decreto cuando le correspondería al Consejo Rector al superar su importe el 10% del presupuesto del Consorcio; y que la interventora certificara que había crédito suficiente cuando el presupuesto en vigor del Consorcio era de 180.000 euros.
El 9 de noviembre se publicó el anuncio del concurso en el perfil del contratante; el 10 fue rectificado; el plazo para presentar ofertas acabó el 14 a las 09.30; solo optó Sonocom, que la registró el día 10; ese mismo 14 la mesa de contratación se reunió dos veces, a las 09.51 y a las 11.20; y se le adjudicó el contrato para organizar un evento que tuvo lugar dos días después.
La exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, se limitó a declarar este jueves que cree en la justicia, insiste en que, por lo que sabe, todo se hizo bien, con la cobertura legal exigida, y mostró su confianza en que el tiempo le acabará dando la razón.
Por su parte, Francisco García, regidor actual de Santa Lucía y también cuando se organizó el congreso, dijo que se enteró por la prensa y que aún no había recibido notificación del juzgado, por lo que optó por no hacer valoración alguna.
Y finalmente, el alcalde accidental de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, de CC, que figura como uno de los denunciantes que dio pie a esta investigación, lanzó dos preguntas al aire a la exalcaldesa del municipio, Conchi Narváez, y al secretario local del PSOE y consejero insular de Turismo, Carlos Álamo. «La pregunta que les hago es quién está mintiendo ahora y qué explicaciones van a dar a la ciudadanía». Marichal dejó claro que no iba a hacer declaraciones sobre la querella en sí. «Ahora toca dejar trabajar a la justicia». Sin embargo, sí vio oportuno hacer «una pequeña reflexión» respecto a unas declaraciones que, según recordó, hicieron en su día tanto Narváez como Álamo, y en las que le acusaban de mentir y de usar la justicia con fines electorales. «Con esta querella como mínimo se evidencia de que hay indicios de posibles delitos».
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