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La Junta General de la Autoridad Única del Transporte (AUT) ha reconocido a Ferrocarriles Gran Canaria la obligación de traspasarle un importe de casi 16,67 millones de euros para financiar las expropiaciones de los terrenos por los que circulará la futura línea de tren de 58 kilómetros de longitud y 11 paradas prevista entre la capital y el sur de la isla.
Para iniciar las expropiaciones necesarias tan pronto como el Órgano Ambiental de Gran Canaria emita la declaración de impacto ambiental del proyecto la empresa que ahora está adscrita a la AUT está modificando sus estatutos para pasar a depender directamente del Cabildo y no del consorcio del que también forman parte los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Lucía de Tirajana.
Teodoro Sosa, consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo y presidente de la AUT, explica que «no sería lógico que un consorcio con varias administraciones públicas que no participan en el proyecto del tren sea el que lleve a cabo las expropiaciones» y estima que el consejo de administración de Ferrocarriles aprobará su modificación de estatutos en su próxima reunión, a principios de enero, pasando desde entonces a estar adscrita al Cabildo.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos a expropiar para construir la línea ferroviaria entre Santa Catalina y Meloneras, cuya ejecución está declarada de interés insular estratégico, sido elaborada por Ferrocarriles en colaboración con Ineco, medio propio del Ministerio de Transportes.
El interés general obedece no solo a la actual congestión viaria de la GC-1 y la necesidad de mejora de transporte público colectivo, sino a la oportunidad de conseguir un transporte insular global eficiente, completamente intermodal y alineado con las estrategias de movilidad y energía nacionales y europeas.
Con una velocidad máxima de 160 kilómetros/hora, el tren de cercanías de Gran Canaria sería el que mejor se adaptaba a las particularidades de la movilidad insular aportando rapidez, regularidad, fiabilidad, seguridad, confortabilidad, sostenibilidad y menor coste económico.
El coste de construcción y puesta en marcha de la línea ferroviaria se estimaba hace varios en un mínimo de 1.650 millones de euros, lo que convierte a esta infraestructura en la de mayor presupuesto prevista hasta ahora en Gran Canaria.
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