Las familias protestan en la calle por las carencias del CADI de El Tablero

El vaso de la paciencia de las familias de los usuarios del Centro de Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, ha llegado a su límite y este lunes protagonizaron una protesta en la calle, frente al recinto, para exigir soluciones a las «graves carencias» del servicio.

La AMPA del CADI, que preside Serbella Artiles, denuncia la ausencia de personal médico desde agosto de 2024, la falta de logopeda y de terapeuta ocupacional, una dirección interina, la falta de protocolos claros y su seguimiento, la sobreexplotación del personal de enfermería, la carencia de un enfermero en el turno de tarde, falta de transparencia y una alimentación inadecuada para las necesidades nutricionales de los más de 80 usuarios.

Serbella ha llevado el caso al Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, pero también ha comunicado por escrito su denuncia al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo del que depende el centro y que, a su vez, pertenece al Cabildo, y también a la propia empresa concesionaria del CADI, Grupo5.

Desde el IASS, su gerente, Ricardo Redondas, apuntó este lunes que comparte la preocupación de las familias por las carencias que advierten en el servicio y por las que han decidido no prorrogarle el contrato a la empresa. Además, informó de que este mismo mantuvo una reunión con Philippe Morin, CEO de Clariane, dueño del Grupo 5, para comunicarle, por un lado, la «extrema gravedad» de las deficiencias que arrastra la gestión del CADI y para, por el otro, notificarle el inicio de un procedimiento para la prohibición de que esta empresa pueda seguir contratando con la administración pública. Mientras tanto, se ultima licitar el servicio.

Las familias de los usuarios del CADI agradecieron ayer el anuncio de sanciones a Grupo 5 por sus «graves incumplimientos», pero el colectivo que las agrupa entiende que la medida no es suficiente para resolver las «carencias urgentes» que arrastra el centro, de ahí que reclamen una intervención directa del Cabildo, la restitución del personal especializado, la revisión integral de la gestión de Grupo 5 mediante una auditoría y más transparencia y comunicación. En definitiva, «priorizar la seguridad y la calidad de vida de los residentes».

Redondas aseguró al respecto que han sido reiterados los requerimientos a la empresa para que cumpla con sus obligaciones y que Grupo 5 siempre alega dificultades para contratar al personal.

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