El cielo y un árbol como único techo. Este jueves, en Casa Pastores. / Juan carlos alonso

17 familias a la calle en Vecindario

Desahucio. Una orden judicial desaloja un edificio de okupas en Casa Pastores, en Santa Lucía. 15 personas, 6 de ellas menores, estuvieron 11 horas tirados hasta que el Gobierno les buscó anoche un techo

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Santa Lucía de Tirajana

Las dos niñas de Mame Ndiaye, de 42 años, no fueron este jueves al colegio. El estado del bienestar español en el que quiso buscar un futuro que no veía claro en Senegal permitió que esta familia se pasara literalmente 11 horas tirada en la calle, desde las 10 de la mañana. No tenían a dónde ir. Fue una de las 17 familias que este jueves se quedó sin hogar tras la ejecución de un desahucio en Casa Pastores, cerca de Vecindario, en Santa Lucía. La mayoría echó mano de conocidos o familiares para buscarse un cobijo. Pero 15 personas, dos familias con 6 menores y cinco adultos, todos inmigrantes africanos con años de arraigo en Canarias, se quedaron en la calle. Una era la de Mame. Entre esos 15 estaba Dame Faye, de 74 años, 30 de ellos en España. Y había también un hombre enfermo, con marcapasos, que se pasó el día tirado en un colchón, sobre la acera. Junto a ellos, desperdigados por aquí y allá, bolsas y maletas. Su vida. Aparte de estas 15 había otra familia musulmana, pero se perdió. Temía que acabaran quitándoles a sus hijos.

La intervención 'in extremis' de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que coordina Noemí Santana, y la ayuda desinteresada y comprometida de un periodista, Javier Bauluz, dieron una salida a estos 15 afectados. El Ejecutivo regional les gestionó un techo donde pasar los próximos días a través de la ONG Oportunidades de Vida. Alquilaron un microbús que pasó a recogerles pasadas las 20.30 horas para trasladarles a la capital. Un vecino del barrio se ofreció y les prestó su furgón para cargar las pocas pertenencias que les dio tiempo a sacar de sus casas cuando los guardias civiles entraron en el edificio.

Esto también es España. Niños tirados en la calle y haciendo los deberes como pueden. / Juan carlos alonso

Las 17 familias estaban de okupas en el inmueble, situado entre las calles Taya, Tamagua y avenida Añepa. Ayer no tenían siquiera claro quién les había echado, si un fondo buitre, un banco, o una empresa. Algunas fuentes apuntaban que al menos las viviendas pertenecieron al llamado banco malo, a la Sareb, que debió venderlas en subasta. El nuevo propietario ejecutó el desahucio. En cambio, los locales pertenecen a un particular. Un grupo de vigilantes de seguridad privada hicieron guardia todo el día para evitar que los antiguos moradores regresasen a los pisos.

En esas bolsas llevan su vida a cuestas. No les dejaron sacar de sus casas el resto de pertenencias. / juan carlos alonso

Lo curioso es que Mame, que llevaba tres años en esa casa, con luz pero sin agua, cuenta que no entró pegando ninguna patada en la puerta. Un marroquí le cobró 450 euros por darle acceso. En enero, justo el mes en que llegó el primer aviso de desahucio, logró trabajo como camarera de piso, pero llegó la pandemia y se vio sin nada. Su pareja, Abdul, tampoco tiene ingresos. Al menos la covid paró también el desalojo. Pero hace dos meses volvieron a la carga y ayer lo cumplieron. Uno de los desahuciados, Isiaka, un joven de apenas 21 años de Costa de Marfil que llegó hace 4 en patera a la isla, denuncia que los agentes le pegaron al salir. Anoche le obligaron a empezar de nuevo.

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana les ha estado ayudando con vales de alimentos. Su edil, Antonia Álvarez, asegura que se les dio también para el alquiler, pero Mame lo niega.