Endesa lleva advirtiendo desde 2016 de la fragilidad del sistema energético

Y es que, como se quejó expresamente al inicio de su intervención el propio presidente insular, Antonio Morales, «este hecho se le ha venido ocultando a los cabildos», que se enteran a raíz del apagón en La Gomera, a finales de julio pasado. «Teníamos un desconocimiento absoluto».

Han sabido ahora que a la fragilidad que le supone al sistema energético canario su condición de insularidad y de aislamiento, se le ha venido sumando la falta de inversiones en grupos de generación para sustituir los que están obsoletos, que son muchos, nada menos que más de 60 de los 100 que están operativos en Canarias.

La opacidad es tanta que, según Morales, están demandando al Gobierno de Canarias el último informe sobre el sistema que ha elaborado Redeia (Red Eléctrica de España) y esta empresa le ha pedido al Ejecutivo regional que no se lo facilite al Cabildo de Gran Canaria «porque contiene información esencial y muy sensible para el gobierno de la isla». Dice Morales que tienen el documento «porque ya lo tiene casi todo el mundo», pero no se les facilita de manera oficial.

Según ese informe, el déficit energético en Gran Canaria en 2023 es de 120 megavatios, una cantidad muy notable si se tiene en cuenta que la potencia instalada en la isla, según datos aportados este jueves por el Cabildo, que datan de 2022, es de 1.206 megavatios, de los que 906 son producidos de fuentes fósiles, la mayoría con tecnología muy obsoleta, y 300, de renovables. La isla solo tiene una central a pleno rendimiento, la de Juan Grande, en San Bartolomé, porque la de Piedra Santa, en Jinámar, está bajo mínimos.

El nudo gordiano reside en la 'Ley 17/2013 de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares', con la que se impide a Endesa incorporar nueva potencia e invertir en nuevos grupos, y obliga al Gobierno de España a realizar una convocatoria pública de libre concurrencia para poner en marcha cualquier iniciativa que, sin embargo, no se ha hecho. ¿La consecuencia? Que los grupos de generación no se renuevan y se han quedado muy obsoletos.

La solución, apuntan las mismas fuentes y el propio Morales, está en la propia ley, pues contempla medidas de emergencia para situaciones temporales y excepcionales de déficits de cobertura de demanda, como es el caso de Gran Canaria. Un concurso público retrasaría la operatividad de nuevos equipos 8 o 10 años.