El Cabildo alerta de que el sistema energético de Gran Canaria es «peligrosamente inseguro»

Dado este escenario, anuncia la intención del gobierno que preside de proponer al próximo pleno del Cabildo la aprobación de una declaración institucional para exigir al Ministerio de Transición Ecológica la puesta en marcha de medidas urgentes que reduzcan «la precariedad, la inseguridad y el riesgo» de que se produzca un cero energético, un apagón generalizado en que se podrán ver la isla y todo el archipiélago en general.

El problema de fondo se debe «a la inacción, el desconocimiento, la desidia y el olvido de Canarias», afirmó tajante. «No podemos seguir dependiendo de un Ministerio, da lo mismo el color, que desconoce nuestra realidad, nuestra singularidad».

Esas acciones que reclama Morales pasarían por dos alternativas:autorizar al operador actual, a Endesa, a que invierta para poner en funcionamiento cuatro o cinco grupos de generación de 20 o 30 megavatios cada uno; y, por otro lado, sacar a concurso cuanto antes la puesta en servicio de nuevos equipos de generación.

Morales, que se quejó de que el Cabildo ha tenido acceso a ese informe de forma extraoficial, porque se lo niegan por la vía ordinaria, recuerda que la seguridad del sistema energético insular requiere que cada isla disponga de dos plantas de generación, pero lo cierto es que tanto Tenerife como Gran Canaria solo cuentan, en la práctica, con una central operativa. En esta isla, la central de Juan Grande, y en Tenerife, la de Granadilla. La de Jinámar, en Gran Canaria, y la tinerfeña de Caletillas, «están bajo mínimos y prácticamente inoperativas». El déficit energético entre las dos islas superará los 300 megavatios en 2024. «En total, faltarán 1.000 MW en todo el archipiélago», añadió.

Explicó que esta situación deviene de la entrada en vigor de la Ley 17/2013 de 29 de octubre, para la garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos extrapeninsulares, con la que se impide a Endesa incorporar nueva potencia e invertir en nuevos grupos, y obliga al Gobierno de España a realizar una convocatoria pública de libre concurrencia para poner en marcha cualquier iniciativa.

El objetivo de esta ley, que en principio «no era malo», porque pretende acabar con el monopolio de Endesa en Canarias, al final ha tenido «efectos perversos», porque ni el Gobierno de España ha hecho sus deberes, es decir, no ha sacado a concurso los nuevos equipos, ni tampoco deja a Endesa que invierta en nuevos.

Fruto de esta conjunción de factores, según explicó Morales, de los cien grupos de generación de energía instalados en Canarias, más de 60 superan los 25 años y muchos incluso los 40, cuando su vida útil es de 25. En Gran Canaria en concreto, en la central de Jinámar, los grupos diésel 1, 2 y 3 están catalogados como indisponibles, están operativos los diésel 4 y 5, cada uno de 20,5 MW, pero llevan funcionando 33 años, y también las unidades de vapor 4 y 5, pero limitadas en el número de horas de operación por emisiones al ser demasiado contaminantes. Llevan entre 30 y 40 años.

Antonio Morales recordó que, en noviembre de 2022, el Gobierno de Canarias advirtió de esta situación al Ministerio y pidió que flexibilizara el sistema con grupos de generación más pequeños y flexibles, hidrógeno, etcétera. Pero Madrid adujo que esa medida afianzaría el monopolio de Endesa e instó a un plan de desmantelamiento del sistema y del monopolio actual hasta 2040, porque la Unión Europea no permitiría una excepción.

Sin embargo, añadió Morales que se hizo una consulta a Europa sobre esta cuestión y que esta vio factible esa solución, dado que Canarias es una región ultraperiférica. No en vano, Portugal la consiguió para Madeira y Azores. Un concurso público podría retrasar las inversiones 5 o 6 años, de ahí que Morales apueste por un real decreto ley que acelere los trámites.