El empresario de Puerto Rico busca legalizar sus restaurantes

El propietario de los dos restaurantes sancionados por el Ayuntamiento de Mogán en Puerto Rico, Pablo González, que este viernes acudió al pleno municipal a protestar junto a una quincena de sus empleados, informa de que ya ha iniciado los trámites para conseguir la licencia de apertura de uno de sus locales, El Pirata, que es justo el que acaba de ser multado con 22.500 euros y una orden de cierre.

Varias denuncias de una vecina que se quejaba por ruidos hizo que el Ayuntamiento de Mogán se percatase de que el local no contaba con licencia de apertura pese a que llevaba 50 años abierto. El mismo desenlace tuvo el año anterior un expediente similar que se le abrió por el Gran Canaria, cerrado desde verano de 2023. En protesta por estas sanciones, y ante la certeza de que vendrán más, el empresario cerró esta semana por su cuenta El Pirata y los otros tres que tenía en el paseo de Puerto Rico, Atlanta, Venecia y El Tiburón.

No obstante, la intención de González de regularizar sus restaurantes se encontrará con ciertas dificultades que podrán impedir su legalización, según advierten desde Urbanismo. De entrada, dicen que precisará de un informe de Costas porque el restaurante ocupa suelo de servidumbre.

Una vez presente ese plácet ante el consistorio, podrá tramitar entonces la licencia. Pero hay otro problema: todos esos locales están en régimen de concesión administrativa por Costas y el titular tampoco es González. «Lo fue Puerto Rico SA, pero la concesión ya venció y ahora está en el limbo», sostienen desde Urbanismo.

González insiste en denunciar una persecución municipal en su contra. Sin ir más lejos, se queja de que este jueves recibió otra notificación del Ayuntamiento y el viernes, otras cuatro, justo después de la sesión plenaria de Mogán a la que habían ido a protestar. «No las he abierto, pero me temo lo que son, dejaré agotar los 10 días de plazo que tengo».

Entre otras cosas, este empresario se pregunta cómo es que ha recibido más de 80 denuncias por ruidos en todos estos años y que sea ahora cuando le descubren que sus locales no tenían licencia. «Pero si llevo años pagando el impuesto municipal por las terrazas». Y tampoco entiende cómo ahora le piden tantos requisitos cuando él se hizo con la propiedad del Gran Canaria y de El Tiburón en una subasta que organizó Hacienda hace dos o tres años. «¿Tengo que pensar entonces que Hacienda me engañó?».

Desde NC de Mogán, su portavoz, Juan Manuel Gabella, insta a un plan de regularización de estos locales sin licencia, que «en Mogán son muchos». Y reprocha al gobierno que opte «por la solución más fácil, cerrar, prohibir y castigar en lugar de empatizar con una actividad económica que genera riqueza y con unos 25 trabajadores que tienen en riesgo sus puestos de trabajo». Las pancartas colocadas en Puerto Rico cifran en 50 los empleados afectados, pero González reconoce que pueden estar en torno a la veintena.

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