El juzgado obliga a cerrar la planta de áridos del barranco de Tirajana

Una sentencia de lo contencioso administrativo, que no es firme, desestima las alegaciones de la propiedad, y confirma que la entidad operaba sin contar con licencia de apertura desde 1985.

GABRIEL SÚAREZ | MASPALOMAS

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia dando la razón a los ayuntamientos de Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana, así como a una docena de vecinos, desestimando el recurso interpuesto por Hormigones Canarias S. L, contra el decreto de fecha 22 de septiembre de 2017 dictado por la alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Lucía por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el decreto de 10 de agosto de 2017, por el que se acuerda el cierre del establecimiento y prohibición de desarrollar la actividad de excavación, extracción, distribución y comercialización de toda clase de áridos y materiales para la construcción y obras, el machaqueo, clasificación y producción de áridos en el emplazamiento sito en el Barranco de Tirajana, «por carecer la actividad de licencia municipal de apertura o título autorizatorio que legitime la actividad».

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este mismo Juzgado en el plazo de quince días.

El recurrente opuso al decreto de cierre que su entidad contaba con licencia concedida por silencio administrativo, pero el juzgado lo desestima indicando que la solicitud de licencia es de enero de1985 y que a la misma no le es de aplicación la Ley 7/2011 sino un real decreto de 1961, que aprueba el reglamento de actividades molestas e insalubres, y que para que pueda operar el silencio administrativo debe existir la previa denuncia de la mora, «lo que no consta que haya tenido lugar».

También argumentó la tolerancia municipal, diciendo que es una actividad que viene desarrollándose desde 1985 y que ha estado pagando los impuestos correspondientes. «Ni el transcurso del tiempo ni el pago de los tributos, ni la tolerancia municipal pueden implicar actos tácitos de otorgamiento de licencia», asegura el juzgado.

Igual suerte desestimatoria tuvo la alegación referida a la existencia de desviación de poder. Considera una grave acusación que se diga que el Ayuntamiento ocultó el expediente deliberadamente para perjudicar a la entidad recurrente, a la que también la condena en costas.

Demanda

Los vecinos de Castillo del Romeral, Juan Grande y alrededores, que actuaron como codemandados defendidos por el letrado Antonio Hernández, aplauden y piden que se acate la decisión que se ha producido. Esta decisión, que llevan esperando desde hace tiempo viene a dar la razón a los vecinos y a los ayuntamientos tirajaneros y confían que la planta se cerrará la próxima semana, sin dilación.

Los vecinos declararán también como perjudicados, en el día mundial del Medio Ambiente, ante los Juzgados de San Bartolomé, en calidad de perjudicados por la contaminación de las empresas.