Los dueños inician los trámites para el desahucio del poblado de 150 chabolas levantado en El Pajar

Tras la entrada en vigor el año pasado de la ley 12/2023, de 24 de mayo, que regula el derecho a la vivienda en España, el inicio de un proceso judicial de este tipo requiere de una aportación documental previa: un certificado sobre la situación de vulnerabilidad social de los demandados o afectados. Este trámite, un requisito previo necesario, ya ha sido solicitado a los dos ayuntamientos del sur por la propiedad de las dos parcelas okupadas, según informan los abogados que le llevan el caso a la familia.

Con carácter previo, los dueños de los terrenos han logrado identificar a parte de las personas que se han afincado en estos terrenos sin contar con un título habilitante para ello. La finca que está más densamente ocupada, troceada en parcelas y con trazado de calles incluido, es la que está emplazada en San Bartolomé de Tirajana. Se trata de la 112 del polígono 18 y en ella la propiedad ha logrado censar e identificar a 44 personas, respecto de las cuales, precisamente, ha solicitado un certificado municipal sobre su posible vulnerabilidad.

La otra parcela, la número 1.402, está en el municipio de Mogán, es mucho más extensa, de en torno a 3 millones de metros cuadrados en el entorno del barranco de Arguineguín, pero alberga menos personas okupas. En este caso, los letrados de la propiedad han logrado conocer la identidad de 33 posibles demandados, por cuya posible situación de vulnerabilidad ha solicitado también un certificado al Ayuntamiento de Mogán.

Ambas solicitudes fueron presentadas el pasado mes de febrero. Si pasado un tiempo prudencial, ninguna de las dos administraciones responde, la familia propietaria dará el paso de armar la demanda e interponerla. Llegado el caso, una de sus primeras peticiones al juzgado pasará por recabar el auxilio judicial pertinente, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que les ayuden a identificar a todas las personas que okupan ambas parcelas y que son susceptibles de ser demandadas.

Este poblado está situado en el tramo costero del barranco de Arguineguín, justo detrás de la desaladora que formará parte de la central hidroeléctrica del Salto de Chira, y surgió durante las idas y venidas de los confinamientos y las restricciones fruto de la pandemia por la covid-19.

Parte de ese suelo, el más próximo al mar, albergó durante años un camping, pero la propiedad asegura que fue completamente desalojado tras las presiones de los dos ayuntamientos y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por lo que, según aclara, tampoco las personas que han parcelado los terrenos donde estaba el antiguo camping cuentan con algún permiso o título habilitante para hacerlo.

Entre los alojados en este poblado hay casos de familias o personas a título individual que las utilizan como primera vivienda. Trabajan en la zona turística, pero alegan que optaron por levantarse un chamizo en estos terrenos ante la imposibilidad, dados sus bajos salarios, de hacer frente a los elevados alquileres de las zonas residenciales junto a las que trabajan, fundamentalmente en San Fernando de Maspalomas y en Arguineguín, en Mogán.

Pero los dueños de las dos parcelas sostienen que la mayoría solo acude los fines de semana y que usa estas infraviviendas como segunda residencia para pasar unos días cerca del mar. Es más, advierten de que ya hay quejas por problemas de inseguridad en los enclaves más cercanos.

Sean de un tipo o del otro, el lugar no reúne condiciones de habitabilidad. No disponen de suministro eléctrico, abasto público o saneamiento y es muy vulnerable en caso de incendio.