El poblado de infraviviendas de El Pajar no deja de crecer al lado de la meca turística

Les faltan servicios, pero les sobran riesgos. Este barrio levantado sin orden ni concierto, a golpe de fin de semana, no cumple el más mínimo requisito en materia de protección ante una emergencia. Una simple llama lo haría arder todo. El poblado entero está emplazado en San Bartolomé de Tirajana, pero a las puertas de Arguineguín, casi en la misma linde con Mogán, solo les separa el barranco, de ahí que esté en la agenda de las dos corporaciones.

Por la información recabada, con el mandato recién estrenado, cargos públicos de los dos gobiernos locales mantuvieron un encuentro para poner en común posibles soluciones. En Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, que coordina la edil Davinia Ramírez, tienen sobre la mesa la posible incoación de un expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. El suelo en el que se han levantado todas esas chabolas es rústico.

Por lo pronto, ya se han hecho con un primer material para empezar a trabajar. Cuentan con imágenes aéreas, realizadas por drones, que les permiten hacerse con una idea más precisa de la dimensión del problema.

El alcalde, Marco Aurelio Pérezse queja de la inacción del gobierno anterior, al que hace corresponsable del descontrol urbanístico que ha dado lugar a este asentamiento. «Cuando nosotros dejamos el Ayuntamiento (en alusión al mandato 2015-2019), ahí solo quedaban tres chabolas y las íbamos a quitar». Luego vino la pandemia y el deseo de muchas familias sin recursos, la mayoría residentes en masificados bloques de vivienda de la capital, de buscarse un techo cerca del mar. Y así brotó este nuevo poblado.

Pedro del Castillo, miembro de una de las dos familias propietarias, insiste en que la mayoría de los ocupantes lo son de fin de semana y se queja amargamente del, a su juicio, deficiente funcionamiento del servicio de Disciplina Urbanística de San Bartolomé, al que achaca parte de la responsabilidad de lo sucedido, porque durante el mandato anterior no reaccionó ante sus reiteradas denuncias.

La resolución de este expediente es bastante más compleja, pero el nuevo gobierno municipal, comandado por Pérez (PP-AV) y Alejandro Marichal (CC), se ha caracterizado en estos primeros 100 días del mandato por no temblarle el pulso para desalojar okupas de espacios públicos. La diferencia estriba, en este caso, en que el solar es privado.

Así las cosas, la pelota está en el tejado de los dueños, conformado por dos familias de la estirpe de los Del Castillo. Antonio Marrero, uno de los letrados de la familia, explica que ya se intentó actuar por la vía penal, pero que se les frustró. Presentaron una denuncia por usurpación de bienes, pero los tribunales, en dos instancias, se lo denegaron.

Marrero avanza que ahora se coordina con otros abogados para sustanciar una demanda de desahucio por la vía civil. Tendrá carácter colectivo y requeriría la identificación de todos los ocupantes de las infraviviendas, de ahí que tengan pensado recabar también el auxilio judicial para hacerse con ese censo, a través, por ejemplo, de la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Podría tratarse del mayor desahucio colectivo de la isla.

En esa tarea, apunta Marrero, quieren recabar igualmente la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pues les consta que parte de los ocupantes han llegado incluso a empadronarse en esas casetas. Esta dimensión del problema preocupa especialmente en el gobierno municipal. Tienen noticia de familias que han llegado a vender sus propias casas para trasladarse a una de estas chabolas, por lo que en esos casos la situación torna en drama social.

En contrapartida, a la familia le consta también de que los hay que se dedican a alquilar estas casetas y a obtener un rédito de una propiedad que no les pertenece.

Este poblado tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera, más anárquica y descuidada, más cerca de la vía de acceso a El Pajar, y otra, mejor estructurada y preparada, más próxima al mar. Esta parte, al final de la vía de tierra que recorre el barrio, tiene señales de tráfico, luminarias y hasta extintores. Se autodenomina camping de Arguineguín, pero la propiedad recuerda que ese arrendamiento expiró en 2018 y que los actuales moradores no tienen permiso para estar ahí.