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La Mesa de Contratación del Cabildo aprobó este miércoles, un año después de la licitación del contrato, la propuesta de adjudicación del servicio de inspección de estructuras de la red de carreteras de Gran Canaria, al que se presentaron cinco ofertas.
El contrato, licitado con un presupuesto de 2,07 millones de euros, se adjudicará con «una rebaja sustancial», según avanzó el consejero de Hacienda y presidente de la Mesa de Contratación, Pedro Justo.
Con este contrato la Consejería de Obras Públicas quiere evitar que pueda repetirse lo sucedido en el interior de los dos viaductos del barranco de Guiniguada, donde en junio de 2022 se encontraron desplomados los tendones que ayudan a su estabilidad sin que se sepa cuándo se vinieron abajo.
La inspección de todas las estructuras de las carreteras de la isla, tanto de la red propia como de la delegada y transferida por el Gobierno de Canarias, pretende conocer el estado real de cada una para verificar que es capaz de cumplir su finalidad con un nivel de seguridad aceptable.
Las estructuras incluidas son viaductos, puentes y pasarelas peatonales, falsos túneles y túneles, pasos inferiores y superiores, marcos, pontones, tajeas y alcantarillas (no se incluyen los caños), bóvedas y muros de cualquier tipología y materiales, salvo los muros de gravedad de hormigón en masa y mampostería hormigonada de altura inferior a 5 metros.
La adjudicataria hará un inventario exhaustivo de todas las estructuras con una descripción detallada de su tipología, dimensiones y componentes, redactará un plan de mantenimiento y llevará a cabo inspecciones principales y rutinarias para evaluar su estado.
Las inspecciones principales serán realizadas por técnicos especialistas en estructuras, de forma sistemática, mediante la observación detallada de los elementos visibles, pudiendo requerir medios auxiliares, para evaluar cualitativa y cuantitativamente los deterioros observados y cuantificar el estado.
De las estructuras que obtengan las peores notas, esos técnicos redactarán un informe de evaluación describiendo su estado y los daños observados, que incluirá un dictamen sobre la durabilidad y seguridad estructural y la definición y valoración preliminar de las actuaciones necesarias.
El contrato no incluye la realización de trabajos de reparación y mantenimiento, pero sí el diagnóstico y las recomendaciones sobre las actuaciones a realizar.
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