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El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento para aportar 16,67 millones de euros a la Autoridad Única del Transporte para financiar la expropiación de los terrenos para la ejecución de la línea ferroviaria prevista entre la capital y el sur. La aprobación de ese crédito extraordinario irá al próximo pleno.
El documento elaborado por el Servicio de Transportes destaca la trascendencia de la línea, de 58 kilómetros de longitud, 11 paradas y un coste de 1.650 millones, para mejorar el transporte público, su viabilidad económica y social y cómo se cumplen los requisitos para realizar el proceso de la expropiación, que ejecutará Ferrocarriles de Gran Canaria.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos a expropiar ha sido elaborada por Ferrocarriles en colaboración con Ineco, medio propio del Ministerio de Transportes.
El informe que justifica el inicio de este gasto sostiene que no puede demorarse hasta 2025, ya que un retraso conllevaría que no se puedan financiar en 2024 las actividades encomendadas a Ferrocarriles por el Cabildo al ser declarada de interés insular estratégico la ejecución de la línea entre Santa Catalina y Meloneras.
Ante la inminente aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, «es de eficiente previsión acometer sin demora la gestión de las actuaciones preceptivas para garantizar la ocupación de los bienes afectados por la expropiación», añade el informe, que prevé iniciar las expropiaciones en este ejercicio.
El documento sostiene que está plenamente justificado el interés general del proyecto y sus repercusiones positivas en la sostenibilidad social, económica y ambiental, así como su oportunidad económica, «maximizada por los componentes sinérgicos energéticos y de innovación asociados», dado que cuenta con un parque eólico para la producción de su consumo eléctrico.
El interés general, subraya, se define no solo por la actual congestión viaria y la necesidad de mejora de transporte público colectivo, sino por la oportunidad de conseguir «un transporte insular global eficiente, completamente intermodal y alineado con las estrategias de movilidad y energía nacionales y europeas».
Tras analizar todos los posibles sistemas de transporte público interurbano a implantar, expone el documento, «el tren de cercanías de altas prestaciones con velocidad de 160 km/h era el que mejor se adaptaba a las particularidades de la realidad cotidiana de la movilidad insular aportando rapidez, regularidad, fiabilidad, seguridad, confortabilidad, sostenibilidad y menor coste económico».
Sobre la oportunidad económica, destaca el beneficio socioeconómico que arroja el estudio de análisis coste-beneficio, que justifica la necesidad porque sus usuarios obtendrán un ahorro de tiempo y se reducirán los niveles de contaminación, ruido y accidentabilidad, entre otros parámetros.
Además, del estudio de rentabilidad indica que los ingresos de explotación cubren desde el primer año los costes de explotación, la dotación de amortización inmovilizado y los gastos financieros.
Asimismo, la inversión beneficia a todas las ramas de actividad, con un efecto predominante en la construcción del 40%. «Los efectos sobre la actividad económica estimados suponen un impacto de casi 5.578 millones en términos de producción y 2.036 millones de Valor Añadido, generando más de 25.000 empleos a tiempo completo». Y la contribución estimada al PIB Canario es superior al 4%.
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