El Consorcio recurre el auto que anula la jornada de los bomberos de Gran Canaria
El presidente, Pedro Justo, apuesta por retomar las negociaciones y señala que los juristas de la entidad siguen estudiando si cabe mantener las 67 guardias al año o deben ser 57
El Consorcio de Emergencias ha decidido recurrir el auto de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspende cautelarmente la resolución del 10 de agosto de 2021 mediante la que aplica, desde esa fecha, una jornada laboral de 1.642 horas anuales, o 67 guardias de 24 horas, a sus bomberos en lugar de las 1.744 horas que hacían hasta entonces.
Así lo señala el presidente del ente, Pedro Justo, aunque dejando claro que el Consorcio aplicará la medida cautelar a la que le obliga el auto, que complementa una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 del 15 de mayo sobre la que la entidad pidió una aclaración.
La sentencia cuyo fallo complementa el auto del TSJC mantiene, según los juristas que asesoran a la Junta de Personal del Consorcio, que la jornada laboral anual aplicable a los bomberos, debido a su penosidad y peligrosidad, entre otros factores, es de 1.368 horas anuales o 57 guardias de 24 horas. La anterior jornada, la de 1.744 horas, fue impuesta por el Consorcio desde 2012 y anulada por una sentencia del Tribunal Supremo de 2021, a la luz de la cual la entidad decidió recortarla en agosto de ese año a 1.642 horas o 67 guardias.
El presidente del Consorcio adelanta que los servicios jurídicos de la entidad que cubre las emergencias en 19 de los 21 municipios de la isla siguen estudiando las consecuencias del auto y si cabe mantener las 67 guardias o se debe aplicar una jornada laboral de 57 guardias.
En todo caso, dada la judicialización de las relaciones laborales en el Consorcio y el hecho de que las conversaciones entre entidad y trabajadores estén rotas desde hace meses, Justo apuesta por «retomar las conversaciones sí o sí» y lamenta que el Gobierno canario no haya respondido a la solicitud de nombramiento de un mediador que le trasladó en mayo ante el alejamiento de las posturas entre el ente y la Junta de Personal.
