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CANARIAS7
San Bartolomé.
Viernes, 30 de abril 2021, 01:00
El Gobierno de Canarias aprobó en el consejo de este jueves la creación de una comisión de trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana. A este puerto actualmente se le da uso industrial por parte de la única actividad industrial de producción de cemento del archipiélago, a cargo de la cementera Ceisa, pero la concesión de dominio público vencerá en 2022.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, presidirá la comisión de trabajo como presidente de la empresa pública Puertos Canarios, a la que pertenece el muelle de Santa Águeda, una comisión en la que también estarán los titulares de las consejerías de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena. Completan esta comisión el viceconsejero de Infraestructura y Transportes, Gustavo Santana, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Justo Artiles, y el viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, Leopoldo Díaz.
Esta comisión de trabajo tendrá como objetivos fundamentales analizar e intercambiar información sobre la situación actual de la concesión y su afectación por las políticas sectoriales del Gobierno de Canarias; y analizar y debatir las diferentes propuestas de utilización del dominio público portuario una vez expire la concesión actual.
La creación de esta comisión interdepartamental se justifica porque las decisiones sobre el futuro inmediato del uso del puerto de Santa Águeda deben tener una trascendencia transversal, ya que abarca todos los aspectos relacionados con el modelo social, económico, laboral, turístico, energético y paisajístico de las islas. Desde el Gobierno se considera de máxima importancia realizar un análisis transversal, ya que la decisión sobre el destino y uso futuro del puerto debe hacerse a corto o medio plazo ante el vencimiento de la actual concesión en octubre de 2022. Lo que acuerde se elevará primero al Consejo de Gobierno, y después al consejo de Puertos Canarios.
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