Canarias limitará las casas vacacionales mientras San Bartolomé las defiende
El Gobierno regional apuesta por una regulación cuantitativa y cualitativa, pero dejará la decisión última en manos de los ayuntamientos
El Gobierno de Canarias ya trabaja en una ley que saldrá sobre el verano de 2024 para limitar el crecimiento de las viviendas vacacionales, pero también avanza que la decisión última recaerá en los ayuntamientos. Por lo pronto, el de San Bartolomé de Tirajana, que registra una alta incidencia de este fenómeno, ya deja claro que hace una apuesta decidida por esta modalidad, al menos en las zonas turísticas.
Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Ejecutivo regional, advirtió este viernes durante su participación en una mesa de debate en el XI Foro Internacional de Turismo de Maspalomas que esta modalidad de alojamiento ya se ha comido un 35% de la tarta de la oferta alojativa y que, a criterio del Gobierno, «no puede seguir comiendo». Citó casos concretos de desequilibrio como el de La Oliva, donde el 31% de las casas son vacacionales.
Explicó que en Canarias solo se cuenta con «un decreto de mínimos», de 2015, «con una regulación muy básica» que ha propiciado, según el último registro, que haya 200.709 plazas en viviendas vacacionales en un territorio frágil y limitado y sin una planificación urbanística, territorial, ambiental ni turística». Y recuerda, en este sentido, que la UE y el Tribunal Supremo han señalado que hay «razones imperiosas de interés general que obligan a planificar el fenómeno desde la perspectiva municipal con dos fines: la protección del entorno y el derecho constitucional a una vivienda digna y asequible».
Dado este escenario, defiende que «el sector se tiene que ordenar y planificar» y que hay que decidir por tanto cuántas viviendas puede haber, dónde, cómo y con qué procedimientos». Por lo pronto, avisa que la intención del Gobierno regional con su proyecto de ley es afrontar este fenómeno desde una visión de 360 grados y regularlo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.
Se apostarán por los productos de mayor valor añadido
«Canarias vive del turismo y tiene que apostar por los productos turísticos de mayor valor añadido en lo económico, en lo social y en lo ambiental, es decir, por los que generan más empleo, más fiscalidad, preservan mejor el medio ambiente, y mejor garantizan la sostenibilidad sociocultural, económica y ambiental; la vivienda vacacional no puede estar al margen de esa decisión», subrayó Rodríguez, quien, no obstante, también avanzó que el Gobierno pondrá las herramientas, pero que serán los ayuntamientos los que tendrán la última palabra.
Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, aclaró que no puede opinar sobre una ley que aún no está redactada ni conoce, pero sí advierte, como premisa de entrada, que el gobierno municipal defiende esta modalidad porque no perjudica a los establecimientos alojativos tradicionales, porque permite a las familias obtener cierta rentabilidad del modelo turístico y porque, además, beneficia a la oferta no alojativa, como la de restauración.
Anunció que ya hay prevista una reunión con el Gobierno de la asociación de municipios turísticos.
Si no se regula, «Teror o Maspalomas serán parques temáticos»
Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo y experto en Urbanismo, concluyó la mesa de debate advirtiendo de que si el sector no se regula y «el crecimiento sigue siendo tan desaforado, Teror o Maspalomas serán parques temáticos como Eurodisney».
Tanto Valverde como Rodríguez pusieron como ejemplo de regulación el caso de la capital grancanaria. Su actual directora general de Edificación y Actividades, María Gracia Pedrero, explicó, entre otras condiciones, que se obliga a que este tipo de viviendas estén siempre debajo de las residenciales y que tengan un acceso independiente.
