El Cabildo levantó 520 reparos de Intervención por 60 millones

Bravo de Laguna destacó que tanto el número de acuerdos contrarios a reparos de Intervención como el importe de esta práctica «progresan» en vez de reducirse. La evolución «es preocupante» y el Cabildo «tiene que poner coto a este crecimiento», demandó el portavoz de UxGC.

En cuanto al número, los reparos de Intervención levantados por el Cabildo en 2014, último ejercicio completo en el que fue presidente del Cabildo, fueron 63 frente a los 520 del último año de Antonio Morales al frente de la corporación insular, detalló Bravo de Laguna.

En 2016, primer año completo de Morales como presidente, los reparos levantados fueron 162, en 2017 y 2018 la cifra osciló entre 140 y 160 y en 2019 subió hasta 384 para aumentar a 410 en 2020, el primer año de la pandemia, y a 520 en 2021, segundo año marcado por el covid.

El importe de las facturas abonadas pese a las pegas de Intervención también ha subido, pasando de 26 millones de euros en 2019 a 30 millones en 2020 y a 60 en 2021, lo que supone en torno al 10% del presupuesto anual del Cabildo, agregó Bravo de Laguna en el pleno.

De los 520 pagos realizados por el Cabildo el año pasado levantado reparos de Intervención al expediente, 101 corresponden a la corporación insular, 121 al Instituto Insular de Deportes y 118 al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

Otros 67 reparos fueron levantados por el Patronato de Turismo, 40 por el Consorcio Insular de Emergencias, 39 por el Consejo Insular de Aguas y 33 por Valora. El que falta corresponde al Consorcio de Vivienda.

El informe anual de Intervención también resalta que en 2021 se produjo en el Cabildo una omisión de fiscalización, correspondiente al acuerdo sobre condiciones retributivas y organizativas para el personal laboral del dispositivo de prevención y extinción de incendios. La omisión fue convalidada por el Consejo de Gobierno Insular una vez subsanada la deficiencia.

También se dio cuenta del resumen de Intervención del control interno del Cabildo y sus entes en 2021, que confirma «las dificultades de gran parte de las consejerías» y entes para realizar los procesos licitatorios, por los procedimientos legalmente establecidos, de obras, servicios o suministros presupuestados.

El informe se refiere así primordialmente a los contratos cuya vigencia culminó en 2021 o años anteriores y cuyas prestaciones siguen sin respaldo legal que las ampare, y a aquellos otros que debieron tramitarse mediante procedimientos abiertos y no se han hecho.

Las auditorías públicas realizadas detectaron incumplimientos de la normativa de contratación pública en cuatro de las seis sociedades mercantiles, las cuatro fundaciones y el Consejo Insular de la Energía.

El Pleno de abril, primero presencial en dos años, registró también la renuncia al acta del consejero Juan Ruiz, de Ciudadanos, que recibió una sonora ovación del resto de cargos públicos.