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El cambio de uso del puerto de El Pajar, de industrial a turístico, previsto en el Plan Insular de Ordenación (PIO) «no es una simple recomendación, sino una determinación de obligado cumplimiento», según mantiene el portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC) en el Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, quien defiende que el desarrollo turístico de la bahía de Santa Águeda «generará más riqueza y empleo que la cementera» que ha pedido una prórroga de la concesión del puerto hasta 2046.
El anterior presidente del Cabildo recuerda que el PIOen vigor, aprobado por unanimidad, deja claro que el puerto de El Pajar pasará a tener un nuevo uso turístico cuando acabe la actual concesión a la empresa Ceisa, sea en 2022 como sostiene la cementera o en 2020 como mantiene el Grupo Cordial, y que el Plan Territorial Especial del Turismo Insular (PTEOTI), que ordena el desarrollo de este sector según las directrices del PIO, convierte a Santa Águeda en una nueva pieza turística de calidad con hasta 5.000 camas de capacidad y limitada a hoteles de cuatro y cinco estrellas.
«Hablamos de uno de los mejores espacios de la isla para la captación de turismo de alto poder adquisitivo», sostiene el anterior presidente del Cabildo. «¿Cuántos empleos se crearían con 5.000 camas más?», se pregunta. «No lo sé exactamente, pero seguro que muchísimos más que los que tiene la fábrica de cemento de El Pajar», responde.
Bravo de Laguna considera que si Ceisa solicitara hoy permiso para construir la cementera en El Pajar «la respuesta sería que no por su impacto en esa franja litoral», donde se instaló en el año 1957, antes del desarrollo turístico del Sur. «Para eso hay otros puertos y polígonos industriales», dice el portavoz de UxGC en el Cabildo. «Por eso se tiene que trasladar», agrega.
Sin entrar en valoraciones sobre si una prórroga de la concesión del puerto daría lugar a indemnizaciones a los inversores privados que han apostado por el desarrollo turístico de Santa Águeda en la confianza de que pasaría a ser deportivo, Bravo de Laguna sí reclama que «hay que dar seguridad jurídica» y se declara «preocupado por el efecto disuasorio que tal decisión tendría para las inversiones en Gran Canaria. Somos la isla del no», lamenta.
Al respecto, recuerda también que la empresa que tiene la concesión del puerto es propietaria del terreno en el que se ubica la fábrica de cemento, que compró en su momento, por lo que el traslado de la industria y el cambio de uso de esos terrenos «sí debería ser compensado. Alguien tiene que pagar» ese suelo si va a mudarse, indica.
Además de la propiedad del terreno de la fábrica, Ceisa tiene la concesión de la cercana cantera de San José, de la que extrae la puzolana que utiliza para fabricar cemento. El Gobierno de Canarias le concedió hace varios años una prórroga para su explotación hasta el año 2046, que es la fecha hasta la que ha pedido prorrogar la concesión del puerto de El Pajar.
Por otra parte, Bravo de Laguna entiende que la Ley de Puertos del Estado (el muelle de El Pajar está considerado de interés general) impide que las concesiones y prórrogas de uso exclusivo de esas instalaciones exceda un periodo de 50 años, ya superado por la fábrica de Ceisa en la frontera entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
«La concesión del puerto no se debe prorrogar. Otra cosa es la industria», explica en relación a la posibilidad de que Ceisa continúe fabricando cemento en El Pajar si no se le renueva la concesión del puerto.
También apela a los ejemplos que suponen el traslado a otros espacios, por su impacto ambiental, de la refinería de hidrocarburos de Santa Cruz de Tenerife y las instalaciones de La Cícer en la playa de Las Canteras de la capital grancanaria. «Su reubicación demuestra que es posible el traslado de la fábrica de cemento», subraya.
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