La Audiencia insta al juzgado a reabrir el caso por el entubado de La Mina
La sala estima el recurso de apelación de Turcón contra el auto que archivó la causa al entender que la jueza no motivó de forma adecuada su resolución
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha instado al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria a reabrir el caso por supuestos delitos, entre otros, de prevaricación y de malversación de caudales públicos cometidos por las Heredades de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca en el entubado del barranco de La Mina, en San Mateo.
La sección segunda revoca el auto de 2024 por el que la titular de ese juzgado desestimó el recurso de reforma que interpuso el colectivo ecologista Turcón contra otro auto anterior de ese mismo juzgado que dictaminó el sobreseimiento provisional de la causa, en 2019. Turcón lleva años luchando para evitar que este cauce se seque tras perder el agua que corría libre por sus caideros.
Esta nueva resolución, de la que fue ponente el presidente de la Sala, el magistrado José Luis Goizueta Adame, estimó el recurso de apelación de Turcón al sostener que la jueza no explica los motivos que le llevan a entender que no ha quedado acreditada la comisión de los hechos delictivos denunciados. Por esa razón, obliga a la jueza de instrucción a dictar «una nueva resolución debidamente motivada y con libertad de criterio» respecto a su sentido.
El auto de la Audiencia, que data del 24 de abril pasado, insta a la titular del juzgado a responder a las alegaciones que aportó Turcón en su recurso de reforma, en el que, recuerda el magistrado, «ya se destacaban las deficiencias del auto de sobreseimiento, algo que -parece advertirle- no puede tolerarse, más aún tras el dictado de la resolución de esta sala», que fue emitido en una línea similar.
Le pide que explique el uso que le dieron las heredades a las dos subvenciones que recibió del Consejo Insular de Aguas, una de 152.628 euros y otra de 50.000, para que restaurase el caudal de agua y que, según Turcón, no fueron destinadas al uso para el que se otorgaron; o que justifique por qué no practicó las diligencias que se le pidieron.
También le reclama que razone si hubo o no un incumplimiento, como aseguran los ecologistas, de las condiciones de la autorización administrativa que se le otorgó para entubar el barranco, según la cual debía garantizar la libre circulación de agua por el cauce de al menos 25 litros por segundo; o sobre la posible ilícita captación de aguas, que, por sí misma o conjuntamente con otros, puede causar daños sustanciales a la calidad del aire.
Turcón acusa a las heredades de desviar el agua a una presa
Turcón achaca también a las heredades un delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico al desviar las aguas ecológicas de La Mina a la presa de La Siberia. Un informe del Gobierno canario ya alertó de que se modificó la entrada de agua de la tubería para evitar que una parte cayese por el cauce.
