La alcaldesa de San Bartolomé aboga por la prórroga de la concesión al puerto de la cementera
Samuel Henríquez, de NC, comparte la posición de Narváez, pero no hablan en nombre del gobierno local. No hay consenso en el ejecutivo
La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, no tiene ninguna duda. La fábrica de la cementera Ceisa, que lleva 64 años radicada en El Pajar, en la costa sur del municipio, ha beneficiado y beneficia a la localidad, por lo que se muestra partidaria de que el Gobierno canario le autorice una prórroga de la concesión del puerto de San Águeda, que caduca en octubre de 2022. En todo caso, Narváez, cabeza visible del PSOE en San Bartolomé, aclara que no habla en nombre del gobierno local, donde no hay consenso entre las cuatro fuerzas que lo forman.
«Más que nunca en pandemia sanitaria se ha demostrado que la única industria que tenemos es la turística y que somos muy débiles. Otras comunidades tienen otras y han podido aguantar la crisis mejor que nosotros», sostiene la alcaldesa. «Ya que tenemos esta alternativa, vamos a apostar por mantenerla, es una industria que en un momento tan difícil, con una crisis sanitaria y económica como la que vivimos, no ha mandado a nadie al ERTE sino al contrario, ha contratado más personal».
Además, defiende que que funciona, que está arraigada, que mantiene a más de 45 familias de forma directa y a más de 400 de forma indirecta y que es totalmente compatible con el desarrollo turístico.
CC prefiere esperar a lo que decida el Gobierno canario y Cs consensuará su postura con el partido
Desconoce cuál será la posición del Gobierno regional, pero recuerda que el suelo donde está ubicada la cementera es privado, es de la propia compañía, por lo que repara en el hecho de que si se le deniega el uso del puerto, la fábrica podría seguir, «solo que todo ese transporte que hasta ahora hacen por mar, lo harían por carretera, con los inconvenientes que acarrearía». Supondría la circulación de 100 camiones diarios por la GC-1 y la emisión de 3.000 toneladas de CO2.
Su posición coincide casi punto por punto con la de su socio de gobierno, Samuel Henríquez, de NC. Sin embargo, Alejandro Marichal, de CC, parece más precavido. Aunque recuerda que la ley no permitiría la prórroga, dice que está a la espera de lo que decida el Gobierno regional. E Inés Rodríguez, de Cs, prefiere consensuar una postura en el seno de su partido. Desde el Gobierno canario ayer no quisieron hacer declaraciones. El ejecutivo anterior había advertido que la concesión por 50 años que se le otorgó en 1972 no contemplaba prórroga.
