Último pleno en Mogán. / c7

NC acusa a Ciuca de saltarse al interventor para liquidar el contrato de la basura en Mogán

El gobierno local aprueba en el último pleno una modificación presupuestaria de 3,1 millones que se le abonarán a Caseur

CANARIAS7 Mogán

Nueva Canarias (NC), partido en la oposición en Mogán, denuncia que Ciuca aprobó este jueves la modificación presupuestaria de 3,1 millones para liquidar el contrato de la basura con Caseur «saltándose el informe del interventor».

Según Isabel Santiago, edil de NC, el habilitado nacional advierte de que «los criterios que se aplican a la revisión de precios es lesiva para los intereses municipales y beneficiosos para la empresa prestataria del servicio».

Por lo pronto, NC avanza que presentará alegaciones en el expediente. Caseur estuvo al frente del servicio desde 1992 a 2020. Durante ese tiempo, informa NC, fue objeto de varios secuestros por las «graves deficiencias» detectadas en la prestación del servicio, que iban desde el impago de nóminas hasta la ausencia de revisión de los camiones que transportaban la basura hasta el vertedero de Juan Grande.

Varias modificaciones del contrato

Apunta también NC que ese contrato ha sufrido modificaciones derivadas de la ampliación del ámbito de prestación del servicio, lo que ha afectado, de forma clara, a los costes no previstos a los que ha tenido que hacer frente la empresa. De este modo, añade la formación, se han aprobado varias revisiones de precios, siendo la última la correspondiente al período 2009-2013.

Según el escrito remitido por Santiago, es en ese momento de tramitación del expediente cuando el interventor saliente, Francisco de Haro, emitió un informe en junio de 2016, en cuyo punto segundo manifestaba, de forma clara, que los criterios que se vienen aplicando a las revisiones de precios desde el año 1993 son lesivos para los intereses municipales y claramente beneficiosos para el empresa.

Y concluía que es imprescindible apartarse de los criterios seguidos en la anterior revisión realizada en el 2009 y adoptar nuevos criterios. Aducía que el cambio estaba debidamente motivado, tal y como establece el art. 54 de la Ley 30/1992, hoy el art. 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

El secretario «resta importancia a la afirmación del interventor»

«Ante este demoledor informe, el actual secretario accidental de la corporación, Salvador Álvarez León, emitió un informe en 17 de mayo de 2021, cinco años después del emitido por el interventor, en el que resta importancia a la afirmación del interventor relativa a lo perjudicial que ha sido para el Ayuntamiento el sistema de revisión de precios pactado con la empresa y aplicados hasta el año 2009«.

En el informe, insiste NC, «se hace oídos sordos» a esta cuestión y se apuesta por mantener esos mismos criterios sobre los que el interventor manifiesta que sólo benefician a la empresa. El informante antepone un acuerdo perjudicial a los intereses públicos a un acuerdo, utilizando para ello la teoría de los actos propios de la administración y dando la espalda a la posibilidad real de introducir cambios en dicho acuerdo.

Mogán «ignora las advertencias del interventor»

Así las cosas, y ante una nueva revisión de precios, que va desde el año 2014 hasta el año 2020, el Ayuntamiento de Mogán ha mantenido los mismos criterios de revisión de precios que viene aplicando desde 1.993 , «ignorando las advertencias del interventor municipal al respecto y cuantificando esa revisión de precios en los mas de tres millones aprobados por el pleno celebrado en Mogán este último jueves«.

Según NC, el expediente aprobado en el pleno por el grupo de gobierno de Onalia Bueno «carece de un informe que explique de dónde salen estos tres millones de euros y que detalle a qué conceptos responde cada gasto«.

En este sentido, NC anuncia que solicitará que se aclare por el actual interventor municipal si corresponde realizar una revisión de precios relativa a los periodos en los que el servicio estuvo secuestrado por el Ayuntamiento de Mogán, que fue quien asumió todos los gastos y no la empresa.

Para NC, carece de sentido que se abone a la entidad Caseur cantidad alguna por estos conceptos, cuando fue el Ayuntamiento y no ésta, quien prestó el servicio y asumió todos los costes derivados de su gestión. Es como si se le pagase a alguien por un trabajo que ha hecho otro en su lugar, explicó la edil Isabel Santiago.

NC presentará alegaciones al expediente

NC presentará alegaciones contra esta modificación presupuestaria «por no estar debidamente justificada, por apartarse del criterio del interventor municipal, y porque de aprobarse se podría estar incurriendo en la comisión de un presunto delito de prevaricación y malversación«.

Isabel Santiago expresó que espera que se imponga la cordura y la defensa del interés general, así como que Onalia Bueno y su grupo de gobierno rectifiquen y opten por apostar por lo público frente a la posible defensa de los intereses empresariales.