El Gobierno no aprecia anomalías en los expedientes reclamados por el juzgado

Esos expedientes se limitan a cuatro empresas en concreto, que son objeto de la investigación judicial, pero la Consejería de Administraciones Públicas ha encargado a los servicios de inspección de la comunidad autónoma una inspección extraordinaria y urgente de todas las actuaciones de Ganadería desde 2016.

Así lo ha avanzado el titular de este departamento, Julio Pérez, tras la reunión de este jueves del Consejo de Gobierno. Pérez ha detallado que el ejecutivo ha remitido al Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Policía, los soportes informáticos necesarios para acceder a las comunicaciones corporativas -correos electrónicos- de Juan Bernardo y Taishet Fuentes mientras encabezaron la Dirección General de Ganadería.

El portavoz del ejecutivo canario ha indicado que la Consejería de Agricultura ha contestado «en su totalidad» al requerimiento de la juez instructora, y en el caso de que no fuera así enviará «cuantos otros documentos solicite».

Julio Pérez ha abundado en que del primer análisis realizado por el personal de Agricultura «no se ha encontrado una anomalía visible sobre la cual poner la lupa», motivo por el que la Comunidad Autónoma no puede personarse como perjudicada, «ni siquiera indiciariamente», en el 'caso Mediador', tal y como esgrimió Ángel Víctor Torres en el debate de la nacionalidad.

Por eso, Torres anunció desde la tribuna que dio órdenes como secretario general del PSOE canario para personarse en la causa, como antes hiciera el PP.

En todo caso, «no descartamos personarnos en cuanto se constate que hay un daño a los intereses públicos», y ahí centrarán sus esfuerzos los servicios de inspección de la comunidad, cuyo funcionamiento, ha subrayado Pérez, es autónomo.

«No reciben instrucciones de los órganos de los que depende. No son subordinados de los consejeros, como otros funcionarios», ha recalcado.

Julio Pérez ha indicado que esa inspección extraordinaria de los expedientes de Ganadería «debe comenzar de inmediato» aunque no tiene «un plazo fijado» de finalización, pero si en su desarrollo se detectaran indicios de ilegalidad se trasladarían sin demora a las autoridades competentes.

Por lo demás, el portavoz, que ha aclarado que ningún otro miembro del Gobierno, salvo la consejera de Ganadería, Alicia Vanoostende, se ha querellado o lo hará en breve contra el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha comentado sobre Juan Bernardo y Taishet Fuentes que con independencia del respeto a la presunción de inocencia «algunas imágenes, datos, conversaciones» merecen «una reprobación inmediata».

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias no pueden asumir la defensa personal del presidente, Ángel Víctor Torres, quien, si lo estima conveniente deberá ejercer las acciones legales que anunció contra Marco Antonio Navarro Tacoronte, que da nombre al 'caso Mediador', a título individual.

El pasado 25 de febrero trascendió que Ángel Víctor Torres que ordenó que se ejercieran «cuantas acciones legales sean necesarias ante las graves y falsas acusaciones» vertidas por el mediador, quien dijo que estaba «al corriente de la trama».

El portavoz del ejecutivo canario, Julio Pérez, ha explicado este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos estiman que el supuesto atentado al honor y a la reputación del presidente incumbe a su persona, no a la institución.

Pérez ha señalado que a juicio de los servicios jurídicos «tampoco está claro» que se haya producido un daño a la reputación o al prestigio del Gobierno, y que solo puede personarse como perjudicada en los procedimientos judiciales por violencia de género.