
Los trabajadores del Oliva Beach no entienden «el empeño» por tirar el hotel
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La plantilla del establecimiento turístico de Corralejo se siente decepcionada por la clase política. «Sólo queremos seguir trabajando»Los trabajadores del Oliva Beach, en Corralejo, en el municipio de La Oliva, no entienden «el empeño» del Ministerio para la Transición Ecológica por tirar el hotel. Tras la resolución de febrero de 2024 de declarar la caducidad de la concesión en dominio público marítimo-terrestre, la plantilla está viviendo una etapa de «rabia, coraje, de por qué esto tan injusto» porque tenía la certeza de que «la clase política iba a dar con una solución, sobre todo después de que el Gobierno de Canarias concedió la licencia de reforma».
Quien habla es Rafael Giráldez Bayón, vicepresidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach y trabajador del hotel con una antigüedad de 23 años. «La caducidad de la concesión se esperaba desde 2018, no tanto por parte de Costas sino de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y Ana María Oñoro, directora general de la Costa y el Mar, que están empeñados en quitar los dos hoteles de ahí, el Oliva Beach y también el Tres Islas».
A pesar de que ya se lo imaginaban, los trabajadores atesoraban la esperanza de que «la clase política hiciera su trabajo y viera la realidad: que no existe ninguna ilegalidad y que no hay ninguna ampliación del hotel». Así se lo prometieron los cargos públicos en su momento a la plantilla del Oliva Beach, «salvando así nuestros 400 puestos de trabajo, que es de lo que se trata».
Desde la plataforma se trae a colación la licencia de obras de un hotel inaugurado en 1977 que el Ejecutivo canario concedió tres días antes de las elecciones locales de 2023 y en base al traspaso de competencias en materia de Costas a la Comunidad autónoma vigente desde el 1 de enero de 2023. «Para nosotros, fue una alegría porque el establecimiento por fin se iba a reformar, íbamos a trabajar en unas condiciones mejores, supondría una subida de la categoría del hotel, nos subirían los sueldos y además contratarían a personal nuevo, es decir íbamos a ser más compañeros para trabajar».
La «sorpresa» llegó tras los comicios con la presentación del recurso y la adopción de las medidas cautelares que suspenden las obras de reforma. «Eso fue como un jarro de agua fría porque todos estábamos con la cabeza en los cuatro meses de parón, tras lo cuales volveríamos con las pilar cargadas a un hotel nuevo y con más categoría, que beneficiaría tanto al trabajo como al cliente». Tras esa mala noticia, «nos vuelven a dar otra estocada: la retirada de la concesión en dominio público. Confirmamos que hay un empeño de tirar el establecimiento por parte de Morán y Oñoro, que no van a descansar hasta que lo consigan».
La plantilla tiene la certeza de que la empresa propietaria, la Riu, va a recurrir la caducidad, pero puede retrasarse la decisión final sobre el futuro del Oliva Beach más de tres años. Mientras tanto, sigue sin reformarse un hotel «que ya está obsoleto, en el que trabajamos en unas condiciones muy incómodas. Y nos merecemos un lugar de trabajo mejor, tanto nosotros como los clientes y el municipio de La Oliva».
Una vez pase la plantilla, como denomina Giráldez Bayón, de esta etapa de «rabia, coraje y por qué esta injusticia» se plantea medidas a seguir. «Tenemos que convocar reuniones que debemos compaginar con el trabajo en el hotel y partimos, a la vista de la experiencia anterior, de que las manifestaciones no sirven para nada. Nos ven en ese momento, pero se olvidan de nosotros».
Los trabajadores sólo quieren «eso», resume Giráldez: «seguir trabajando para pagar nuestra hipoteca y facturas».
Desde que el Ministerio para la Transición Ecológica empezó a retrasar la concesión de la licencia de obra, los trabajadores iniciaron protestas y reuniones ante el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva, dando el salto al Parlamento de Canarias y luego al Congreso de los Diputados y el Senado, en Madrid.
Rafael Giráldez fue uno de los que realizó el periplo que los llevó hasta el Parlamento Europeo «donde nos dieron la razón». Por eso ahora la plantilla no encuentra efectiva la medida de la manifestación. «Incluso llegamos a acampar delante de la sede del Gobierno de Canarias, pasando una noche. En Madrid estuvimos una semana ante el Senado. Y no ha servido de nada. Tenemos la sensación de que somos invisibles».
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