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El rechazo del Tribunal Constitucional (TC) al recurso del Gobierno de Canarias sobre las competencias en Costas que afecta la caducidad de la concesión al hotel Oliva Beach «no significa, ni implica el derribo» del establecimiento situado en Corralejo, aclara la Riu. Desde la cadena hotelera, se deja claro que «vamos a mantener la defensa de nuestros derechos a través de la vía judicial, algo que siempre hemos dicho que íbamos a defender», avisando de que es un proceso largo «que puede durar años».
En opinión de la Riu, en este conflicto de competencias entre el Estado y el Ejecutivo autonómico «no hay argumentos jurídicos, ni hechos que justifiquen la caducidad de la concesión administrativa otorgada al hotel Riu Oliva Beach. Así lo defenderemos en los tribunales de Justicia en defensa de nuestro legítimo interés, en amparo de los más de 400 puestos de trabajo directos de dicho establecimiento».
La cadena hotelera también alude al interés general de la isla de Fuerteventura por la permanencia del hotel en las Grandes Playas de Corralejo «que ha expresado de forma diáfana, a través de todas sus instituciones públicas, su respaldo a la continuidad de la concesión».
Para la Riu, las infracciones que el Ministerio para la Transición Ecológica les atribuye en el Oliva Beach «carecen de fundamento y describen una situación que no coincide con la realidad física del hotel». Este argumento lo ha esgrimido ante el propio Ministerio «y seguiremos haciéndolo en la esfera judicial, con la certeza de acreditar la plena legalidad de la concesión renovada en el año 2016 y con el objetivo de mantener abierto el hotel en una parcela de dominio público», ubicada fuera del espacio protegido del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.
La resolución del Tribunal Constitucional de esta semana -sigue aclarando la Riu- hace referencia al contencioso presentado por el Gobierno de Canarias con el objetivo de defender las competencias sobre los expedientes relativos a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, una vez producida la transferencia por decreto de agosto de 2022.
La resolución del TC define que las competencias, sobre los expedientes relativos a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, dependerán del Gobierno Central y no del Gobierno de Canarias; quienes presentaron dicho contencioso con la finalidad de hacer valer el marco jurídico fijado por el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, «el cual otorga a la Comunidad autónoma las competencias sobre Costas como expresión legítima de su autogobierno».
La preocupación: la plantilla
La preocupación fundamental del Cabildo majorero, a la luz del rechazo del TC al recurso canario por las competencias en Costas, se centra en las trabajadoras y los trabajadores. «Son 400 empleos directos, más toda la actividad económica que se genera en torno al establecimiento», precisa la presidenta Lola García.
La raíz de que estos puestos de trabajo estén en el aire hay que buscarla en el incompleto proceso de transferencias de Costas desde el Estado hacia la Comunidad. «Es una reclamación de Canarias durante años, donde no queremos que se incumpla la Ley de Costas sino que, durante las campañas electorales, han venido a Fuerteventura y han engañado a estas trabajadoras y trabajadores asegurando que el conflicto se iba a solucionar, y ahora vemos el varapalo que les da el TC». Desde la primera institución se aboga por «sentarnos» para ver cómo se ayuda a estas familias.
«Institución que hay que respetar porque quitó el hambre»
Indignación es la primera palabra que pronuncia Antonio Hormiga, presidente de la patronal majorera (FEHT). «No es un hotel cualquiera: es una institución turística que hay que respetar porque estamos hablando de los inicios del turismo en el norte que quitó el hambre a mucha gente». Cuando los dos establecimientos Tres Islas y Oliva Beach-hoy de la Riu- empezaron en la década de los 80 del siglo XX a funcionar, «no había nada más en el municipio de La Oliva. Ellos fueron los pioneros».
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