La granja porcina se levanta en el barranco de Goroy, en el municipio capitalino. / JAVIER MELIÁN / ACFI PRESS

La granja porcina de Goroy solicita licencia para doblar su capacidad

La explotación quiere pasar de 500 madres a mil cabezas. La instalación ganadera no dispone del permiso de vertidos del CIA, pero sí cuenta con la autorización ambiental estratégica del Gobierno canario

Catalina García
CATALINA GARCÍA Puerto del Rosario

La granja porcina de Goroy va a doblar su capacidad, pasando de las 500 madres de ahora a mil reproductoras. La Compañía Canaria de Piensos SA (Capisa), empresa propietaria de la instalación ganadera, ha presentado el anteproyecto de ampliación ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

La granja, que se localiza en el barranco de Goroy, en el municipio de Puerto del Rosario, cuenta con la autorización ambiental estratégica concedida por el Gobierno de Canarias, pero no con el permiso de vertidos que emite del Consejo Insular de Aguas (CIA), matiza David de Vera, consejero de Aguas del Cabildo y responsable del CIA. «El CIA se ocupa de la parte de gestión de residuos, para lo que hace un mes levantamos un acta de inspección en la granja y estamos pendientes de un informe que elevaremos al Ejecutivo autónomo»

La licencia de ampliación del número de cabezas solicitada al Consistorio marca un punto de inflexión en la actividad comercial de la granja puesto que cambian de una producción destinada a la venta de carne de los lechones a la venta de distribución de ejemplares a otras explotaciones porcinas. El aumento de hembras reproductoras de 500 a mil también elevará a su vez la cantidad de purines en la granja de Goroy.

Hace cinco años, el 14 de junio de 2016, la Audiencia Provincial dictó -de conformidad por las partes- la primera condena por delito ecológico que hasta ese momento hubiera constancia y lo hizo contra el exgerente de esta granja por el vertido ilegal de excrementos de cerdo, o purines, el 9 de enero de 2008 al barranco de Goroy. El entonces responsable de la granja aceptó seis meses de cárcel, multa de 9.000 euros y un año de inhabilitación para trabajar con ganado.

En enero de 2008, el purín líquido y las lluvias de ese invierno anegaron el terreno y formaron una charca a los pies del norte de Goroy, que empezó al filtrar hacia el barranco, «poniendo en riesgo los sistemas naturales de la zona», según la sentencia. Dos muestras de esas aguas tomadas el 11 y 14 de enero confirmaron la existencia de bacterias contaminantes.