La Fiscalía pide otros tres años de cárcel para Blas Acosta

La Fiscalía ha solicitado otros tres años de prisión para Blas Acosta, el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura y aspirante a ocupar en el Senado la vacante del senador socialista Pedro Ramos.

Según informa el Diario de Fuerteventura, Acosta se enfrenta a peticiones de la Fiscalía que suman más de siete años de prisión por dos causas judiciales. A la petición de tres años por el caso La Pared se suma la petición de cuatro años y medio de cárcel por el caso Gesturpa. En el primero de ellos la Fiscalía ve indicios de prevaricación urbanística y en el segundo caso dos delitos económicos.

En el escrito, que adelanta el Diario de Fuerteventura, se resalta que los seis acusados, entre los que también se encuentra Rosa Bella Cabrera, diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias, «a sabiendas de que no se habían cumplido las condiciones» de una licencia de obras en la urbanización de La Pared, otorgaron la licencia de ocupación.

Blas Acosta, en aquel momento, era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara. La Junta de Gobierno de la que formaba parte concedió el 25 de enero de 2010 una licencia de ocupación «en contra de lo informado por los técnicos municipales y desoyendo la motivación y razones expuestas por el servicio jurídico de la Corporación».

El Ministerio Fiscal ha solicitado en el caso La Pared la apertura de juicio oral y que se abra una pieza de responsabilidad civil. A Blas Acosta le solicita una fianza de 70.000 euros, el mismo importe que fija para la actual diputada Rosa Bella Cabrera.

En el caso Gesturpa, la Fiscalía acusa a Acosta de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único.

En su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, según el escrito de la Fiscalía, llevó a cabo una serie de «conductas ilícitas» a pesar de que sabía que la empresa municipal «incurría en causa legal de disolución» y «se encontraba en una situación de inminente insolvencia».

Además, señala que «formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales» de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, «aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables».

En este caso, la Fiscalía identifica dos presuntos delitos, uno de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión, y otro de insolvencia punible, por el que solicita dos años y seis meses de cárcel.