Juan José Cazorla, alcalde de Antigua durante varias legislaturas. / javier melián / acfi press

La Fiscalía pide once años de inhabilitación para Cazorla, el exalcalde de Antigua

La Audiencia pospuso al 1 de octubre el jucio oral por un presunto delito de prevaricación administrativa al no poder declarar dos de los testigos: el interventor y el periodista de la empresa adjudicataria del servicio de prensa. Juan José Cazorla fue condenado en 2005 a un año y medio de prisión por cohecho, aunque no cumplió esa pena, pero sí tuvo que reintegrar a las arcas municipales 270.000 euros y permanecer inhabilitado durante seis años, tras lo que fue reelegido alcalde

Catalina García
CATALINA GARCÍA Puerto del Rosario

Por un presunto delito de prevaricación administrativa, Juan José Cazorla, exalcalde de Antigua, se expone a once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que le pide la Fiscalía. La Sección Sexta de la Audiencia pospuso para el 1 de octubre -por no poder declarar dos testigos- el juicio previsto para ayer en el que también figura como encausada, en calidad de supuesta cooperadora necesaria, la responsable de prensa del Ayuntamiento a la que facturó un total de 47.000 euros entre 2015 y 2017 «sin posibilidad de concurrencia a otras empresas o profesionales».

Según el fiscal, el exalcalde de Antigua «prevaliéndose de su cargo y en ejercicio de sus funciones», adjudicó de forma continuada la prestación de los servicios de prensa y comunicación para la citada corporación local, entre los meses de julio de 2015 y septiembre de 2017 a la también encausada, emitiendo esta última facturas mensuales con cargo al Ayuntamiento de Antigua por importe de 1.900 euros, más IGIC. El importe global de las adjudicaciones otorgadas supera los 47.000 euros, habiendo realizado el encausado las adjudicaciones como alcaldes al margen de los procedimientos previstos al efecto en la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, eliminando la posibilidad de concurrencia a otras empresas o profesionales».

Año y medio de cárcel por cohecho en 2005

Para la responsable de prensa, la Fiscalía solicita la misma pena de once años por un caso denunciado por el entonces portavoz del PSOE en Antigua y hoy director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes. El exalcalde ya cumplió la condena dictada en 2005 a un año y medio de prisión (que no cumplió por no tener antecedentes penales) por un delito de cochecho. En cambio, sí cumplió las otras condenas: seis años de inhabilitación para cargo público tras lo que fue de nuevo elegido alcalde de Antigua; y la multa de 270.455 euros. Una llamada de teléfono donde el entonces alcalde de Antigua por Alternativa por Antigua (APA) pedía el pago de 45 millones de pesetas (270.455 euros, cantidad que regintegró) en concepto de agilización de trámites para la concesión de una licencia urbanística fue suficiente para condenarle entonces.

El importe global de las adjudicaciones que ahora se juzgan supera los 47.000 euros, habiendo realizado el encausado las adjudicaciones en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Antigua al margen de los procedimientos previstos al efecto en el art. 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, vigente al tiempo de ocurrir los hechos, eliminando con ello la posibilidad de concurrencia a otras empresas o profesionales, deja claro el Ministerio Fiscal.

Así, y según refiera la Fiscalía, desde el mes de julio de 2015, la también encausada, comenzó a emitir facturas mensuales por servicios de prensa y de comunicación por un importe líquido de 1.900 euros cada una, «realizándose las adjudicaciones directamente en forma verbal y, siendo la única constancia documental existente hasta el mes de febrero de 2016, la presentación de factura seguida de la correspondiente resolución de la alcaldía con la aprobación del gasto por existencia de crédito». De esta forma, llegado el mes de febrero de 2016, el Ayuntamiento de Antigua le había abonado un importe líquido total de al menos, 15.200 euros, según la suma de las facturas emitidas entre los meses de julio de 2015 y febrero de 2016, cantidad próxima al límite cuantitativo máximo de 18.000 euros establecido para los contratos menores en el art. 138. 3 de la Ley de Contratos con el Sector Público.

Con fecha 5 de febrero de 2016, Cazorla, «a sabiendas de que no se cumplían los presupuestos para el contrato menor y dotándolo de una apariencia de publicidad que ni siquiera es necesaria para esta modalidad contractual de menor cuantía, dictó una providencia en la que se recogía la necesidad de contratar un servicio de comunicación diario y permanente con el objetivo de transmitir a los ciudadanos una información clara y actualizada de la labor prestada por el Ayuntamiento a cuyo efecto, fijando el coste mensual del servicio en la cantidad exacta de 1.900 euros, más 133 euros de IGIC, importe coincidente con el que ya se había estado abonado mensualmente a la encausada desde julio de 2015, con duración fijada para el contrato de ocho meses y con un precio máximo, incluido IGIC, de 16.264 euros. Así, junto a la propuesta de la encausada, constan las propuestas de otras dos profesionales del sector, «no ajustándose estas últimas a la propuesta de la alcaldía ni en la cuantía máxima del servicio, ni en la duración, además de no estar firmadas ninguna de las dos propuestas ni contar con sello de entrada en el registro del Ayuntamiento de Antigua y no ajustándose tampoco al objeto exacto de la prestación, siendo la única oferta que respondía a las características descritas en la providencia del alcalde la presentada por la encausada, aunque tampoco cuenta con registro de entrada en el Ayuntamiento y está fechada el 1 de julio de 2015, a pesar de que la providencia por la que se propone la prestación del servicio es de 5 de febrero de 2016».