La Delegación del Gobierno da un mes de plazo al Cabildo para que revoque los acuerdos del consejo insular de gobierno

Los acuerdos de los consejos de gobierno del Cabildo con sólo dos miembros fueron adoptados, subraya la Delegación del Gobierno en Canarias, «con infracción del ordenamiento jurídico, sin someterse a las normas legalmente aplicables, así como al propio reglamento orgánico del Cabildo, incurriendo en nulidad de pleno derecho y en inseguridad jurídica». También añade que «no resulta posible que la Corporación Insular deje de aplicar, de manera voluntaria y unilateral, su propio reglamento».

Por último, en el requerimiento se echa por tierra el informe jurídico esgrimido por Lloret para seguir adelanta con los consejos de gobierno. «Resulta incongruente, ilógico y contrario a las normas examinadas, pretender que el quorum inicial sea menor al exigido expresamente por la normativa para facilitar la constitución del órgano en segunda convocatoria».

La aclaración de la Delegación del Gobierno central llega tres meses después de que el presidente Sergio Lloret hiciera caso omiso a los avisos de la oposición de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y de la propia secretaría general del Cabildo sobre el quorum necesario para convocar el consejo de gobierno insular y cualquier órgano colegiado: un mínimo de tres.

Desde finales de diciembre que el grupo de gobierno del Cabildo se quedó reducido a dos miembros y 21 consejeros en la oposición, el primer mandatario majorero ha convocado una media docena de consejos en los que ha aprobado desde la adquisición del suelo de La Cerquita, en Antigua, para la construcción del matadero insular por unos 600.000 euros; el Caserío de la Florida, en Tuineje, por unos 60.000 euros; tres viviendas del casco viejo de Puerto del Rosario, entre ellas la primera Casa Palacio Insular; y varios contratos millonarios relacionados con el complejo medio ambiental de Zurita.

Coalición Canaria (CC) había solicitado aclaración sobre el quorum del consejo de gobierno a la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, a las que por ahora su responsable regional Julio Pérez, sólo contestó en el Parlamento en el pasado mes de febrero; y a la Delegación del Gobierno central en Canarias, que contestó el martes pasado en un informe que hasta este lunes no estuvo en poder ni de la propia Lola García, portavoz nacionalista, a pesar de que su partido quien lo pidió. CC y PP también habían solicitado en pleno informe a la propia secretaría general del Cabildo, que confirmó el quorum de tres miembros como mínimo, aunque Lloret siguió convocando sesiones.

Una vez más, el recordatorio de la legalidad en el Cabildo de Fuerteventura ha llegado de una Administración pública externa: la Delegación del Gobierno de España. Otro tanto ocurrió hace unas dos semanas, cuando el Ejecutivo canario echó por tierra el proyecto de los estudios de cine Dreamland en el suelo cercano al Parque Natural de las Dunas de Corralejo.