El hotel Oliva Beach, en las Grandes Playas de Corralejo, a las puertas del Parque Natural de las Dunas. / Javier Melián / Acfi Press

El Defensor del Pueblo respalda la legalidad de la caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach

Nuevo varapalo para los 400 trabajadores de la cadena Riu que suman cuatro años de protestas. El Ayuntamiento de La Oliva había dirigido una queja de disconformidad con el expediente que el órgano presidido por Angel Gabilondo ahora contesta

Catalina García
CATALINA GARCÍA Puerto del Rosario

El Defensor del Pueblo ha dado un espaldarazo al expediente de caducidad de la concesión del hotel Oliva Beach en dominio público marítimo-terrestre iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta resolución supone un varapalo para las reivindicaciones de los 400 trabajadores del establecimiento turístico que suman unos cuatro años de lucha por sus puestos laborales, algunos tan antiguos como el mismo Oliva Beach.

A la institución presidida por Ángel Gabilondo, el Ayuntamiento de La Oliva se había dirigido para expresar una queja sobre su disconformidad con este expediente de caducidad contra la cadena Riu en las Grandes Playas de Corralejo. El Defensor del Pueblo, textualmente, deja claro al Ayuntamiento que « no se advierte ninguna irregularidad en la actuación» de Costas con respecto a la caducidad del hotel Oliva Beach que se inició el 2 de agosto y que tiene un plazo de 18 meses para resolverse.

Ultima protesta de los trabajadores este mes de julio a la puerta del hotel Oliva Beach. / Javier Melián / Acfi press

El inicio del expediente obedece «al incumplimiento de las condiciones de la concesión» por la Riu que realizó obras ilegales que no ha demolido, confirma el Defensor del Pueblo. En concreto, el informe dirigido a La Oliva deja claro que la cadena propietaria del hotel ha realizado «obras e instalaciones en dominio público marítimo-terrestre sin título habilitante y se ha aumentado el volumen y la superficie de las instalaciones existentes. Todo ello está sancionado con la caducidad en la propia concesión, además de la multa que ya se le ha impuesto al titular».

Por último, aclara el Defensor del Pueblo, estas obras ilegales «tampoco se han demolido por el responsable, aunque la Administración lo ha ordenado».