Anticorrupción pide que el Ejecutivo encargue una auditoría contable para evaluar el «descontrol»

Esta es una de las diligencias que el fiscal Javier Ródenas interesó al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria en la querella interpuesta contra esa ONG encargada de la gestión de los menores no acompañados llegados a Gran Canaria y Lanzarote y los cuatro directores que estuvieron a cargo de los recursos que tenían en Puerto Bello –en Puerto Rico–, Guiniguada y Acorán –en la capital grancanaria– y los centros de Yaiza y La Santa, en Lanzarote.

Anticorrupción aprecia la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos por parte de los gestores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y los cuatro directores investigados en una causa que fue incoada la pasada semana, pero que lleva siendo investigada por el Ministerio Público desde hace 16 meses.

Los motivos que argumenta esta parte se basan en que esta organización sin ánimo de lucro –presuntamente– no se encuentra al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal y sus responsables utilizaron los fondos públicos transferidos por la consejería y que debían ser destinados al cuidado de los menas «en beneficio propio».

El montante total que determina el fiscal Javier Ródenas ingresó la ONG investigada de las arcas canarias para llevar a cabo esta labor, solo en Gran Canaria, está cifrado en 12,5 millones de euros durante los años 2020, 21 y 22.

Destaca Javier Ródenas en su querella que el área de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, encabezada durante el periodo investigado por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Unidas Podemos), no ejerció ningún tipo de «seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia».

Por este motivo, considera oportuno solicitar al magistrado instructor Francisco Javier García García-Sotoca que ordene al Ejecutivo que encargue la realización de una auditoria contable a una consultora externa especializada. Todo ello con el objetivo que la misma pueda determinar el posible despilfarro de dinero público ejecutado por parte de la entidad investigada, pero ampliando el rango de acción sobre el resto de contratos de emergencia tramitados durante los últimos ejercicios.

Anticorrupción, en su querella, expone que tras el análisis de los flujos de fondos gestionados por la fundación se puede acreditar, «al menos indiciariamente», un presunto «desvío de cantidades» (dinero público sujeto a fiscalización) a fines particulares (cuentas personales de los directores de los centros, gastos particulares abonados con cargo a los fondos para la gestión de los centros). Todo ello atribuyéndolas falsamente a «gastos de la inversión en el centro» que dirigían «con la finalidad de enmascarar el disfrute personal de los fondos públicos».

Además de esta diligencia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado responsable del caso Menas otras diligencias como son la declaración de los investigados, que no quisieron responder a las preguntas de esta parte cuando fueron requeridos durante las diligencias de investigación que realizó antes de la interposición de la querella.

La fundación alegó que los cuatro directores que comparecieron en sede judicial ante el fiscal Anticorrupción, se acogieron a su derecho legal de no prestar declaración debido a que ese mismo día, sus abogados hicieron entrega a Javier Ródenas de una ingente cantidad de facturas que, según esta parte, justificaban los gastos realizados durante los tres años objeto de investigación.

En concreto, detallaron a este periódico, se trataban de «24.709 páginas con la digitalización de facturas/comprobantes de caja, aportadas por centros y por semanas para facilitar su cotejo».

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Alega la fundación que sus responsables sí declararían cuando el Ministerio Público examinara toda esta enorme cantidad de documentos.

Pero el fiscal no creyó oportuno volver a citar a estas personas puesto que encontró en toda esta documentación evidencias claras de un presunto despilfarro de dinero público, con numerosas facturas por conceptos ajenos a la actividad de la propia institución y otras con precios totalmente fuera de mercado, por lo que interpuso la querella referida y ahora será la autoridad judicial la que cite a los investigados para que declaren.

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