El auto de fecha de 1 de junio dictado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, pone el punto de mira en la gestión llevada a cabo por los responsables de los centros asignados por el dispositivo de emergencia ... de menores extranjeros no acompañados en las islas. Unos recursos que siempre han estado rodeados de polémica, pero que ahora son objeto de una investigación penal -con la Fiscalía Anticorrupción como querellante- por la presunta comisión de unos delitos sumamente graves: falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos. En este caso Menas, el fiscal entiende que el Gobierno ingresó 95 euros diarios al día por cada mena a la fundación durante tres años sin ejercer control alguno sobre el destino de ese dinero.
Unas diligencias previas que se han iniciado contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, responsable de los centros de menores Portobello -en Puerto Rico-, Guiniguada y Acorán -en la capital grancanaria- y los recursos de Yaiza y La Santa, en Lanzarote, además de sus cuatro directores.
Según la querella presentada por el fiscal Javier Ródenas Molina, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI -de forma presunta- fue la adjudicataria de unos contratos por la vía de emergencia para gestionar la llegada de menores no acompañados a las islas en plena crisis migratoria. Pero, determina esta parte, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, encabezada durante el periodo investigado por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Unidas Podemos), adjudicó esa labor a una asociación que ni siquiera estaba al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal.
Entre los años 2020, 21 y 22, la Fiscalía Anticorrupción cuantifica en solo en Gran Canaria transferencias de fondos públicos a Fundación Respuesta Social Siglo XXI por un montante total de 12.505.878 euros, una cantidad que irá creciendo a medida que la investigación vaya recabando más informes y contratos adjudicados a esta ONG.
Pero, a juicio del Ministerio Fiscal, de las cuestiones más escandalosas de esta operativa es que nadie del Ejecutivo autonómico cumplió con su deber de supervisar y auditar el desempeño de la fundación respecto a su labor de cuidado de los menas. Hubo, a juicio de Anticorrupción, una total y absoluta «falta de seguimiento del cumplimiento de la ejecución del contrato» por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
Este presunto desinterés por parte de la Administración se hizo patente cuando la entidad bancaria que recibía la transferencia del dinero pagado por el Gobierno a la fundación cerró las cuentas de los cuatro directores de centros investigados «por operativa bancaria sospechosa», lo que hizo que saltaran las alarmas. En ese momento, el banco dio aviso al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial y a la delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que se pusieron manos a la obra para investigar numerosos movimientos de reintegros de grandes cantidades de dinero en metálico que procedían de una ONG.
Detectaron, tras numerosas diligencias de investigación realizadas desde enero de 2022, una «incorrecta utilización de los fondos públicos» por parte de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y sus cuatro directores. Los mismos, se aprovecharon presuntamente del dinero que el Gobierno les daba para cuidar a los menas -95 euros diarios por cada menor- para gastar parte de ese montante en su propio beneficio, además de la presunta cantidad que se quedaba la entidad en su sede central de Madrid.
Las Claves
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Incluso, aparecieron numerosas facturas firmadas y autorizadas por los directores investigados por conceptos ajenos a la actividad de la propia institución y otras con precios totalmente fuera de mercado. Los investigados actuaron «en beneficio propio, desviando a sus cuentas personales dinero público», determina el fiscal Javier Ródenas.
Parte del dinero público para los menores fue usado por los investigados «en beneficio propio»
Informes desfavorables
Una Fundación Respuesta Social Siglo XXI que, además, contaba con informes desfavorables de la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo tras las inspecciones que llevaron a cabo en los centros que gestionaban en las islas. Estas dos instituciones dieron buena cuenta del déficit enorme en el cuidado que estaban dispensando a estos migrantes, pero nuevamente el Ejecutivo no hizo nada para solucionar el problema y darles a estos menores una atención integral y no solamente una cama para dormir y tres comidas diarias, según la tesis de los investigadores.
Además, esta fundación se hizo con la gestión de los centros para menas después de que la consejería les adjudicara un contrato por la vía de emergencia, pero ya ha pasado un tiempo suficiente, no abrió un concurso como así establece la ley, por lo que la Fiscalía entiende que el acuerdo actual es totalmente nulo.
El caso Menas acaba de abrir la caja de los truenos en la siempre polémica gestión de los recursos para inmigrantes en Canarias. En esta ocasión el desencadenante no es político, sino una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
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