La amenaza de la demolición planea sobre el hotel Tres Islas

La amenaza de derribo llama con fuerza a las puertas del hotel Tres Islas, en Corralejo, en el municipio de La Oliva. Según publica Diario de Fuerteventura, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara la orden de demolición del establecimiento alojativo propiedad de la cadena Riu cuyos trabajadores libran la batalla por impedir que el Gobierno central eche abajo el hotel inaugurado en 1976.

En una propuesta de resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, además de «ordenar el levantamiento y retirada del dominio público de las instalaciones existentes», a costa de la propia cadena hotelera, también ordena a la Demarcación de Costas de Canarias «que lleve a cabo el acta de reversión» al Estado de los terrenos ocupados por el Tres Islas. La propuesta de resolución ha sido convalidada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, el socialista Hugo Morán, detalle este periódico.

De esta manera, Transición Ecológica pone punto y final al expediente de caducidad de la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre que se abrió en 2021, después que, en el momento de renovar esta concesión hasta 2037, el Estado también autorizó unas obras de rehabilitación y mantenimiento de este establecimiento obra de Miguel Fisac, premio nacional de arquitectura. Estas obras supusieron aumentar el volumen del hotel, en concreto se trataba de suites de lujo en el último piso del edificio, por lo que Costas multó a Riu y obligó a su derribo.

Riu sí pagó la multa, pero no echó abajo las nuevas habitaciones, con lo que no tardó en caerle el expediente de caducidad de la concesión en Costas.

Desde el primer momento, y como ya ocurrió con el permiso que nunca llegó para las obras de remodelación de su vecinos en las playas de Corralejo y de propiedad, el hotel Oliva Beach, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva se han puesto a favor de Riu y de sus trabajadores. La plantilla, tanto de uno como otro, no han dejado de concentrarse en nombre de las casi 700 familias de las que dependen los complejos, llegando hasta el Congreso de los Diputados, el Senado y varias veces al Gobierno de Canarias.

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