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La sentencia se difundió ayer, lunes, y los dos partidos de la oposición habían pedido su dimisión por 'salud democrática'. La decisión de la retirada de las competencias se tomó de forma unánime en el seno del grupo de gobierno del Ayuntamiento capitalinoUn día más tarde de conocerse la sentencia de condena al concejal José Juan Herrera Martel por un delito continuado de acoso sexual contra una extrabajadora municipal y tras sendas peticiones de CC y PP, el alcalde de Puerto del Rosario Juan Jiménez ha cesado de sus competencias al edil. El primer edil dio fe de que el equipo de gobierno municipal está «firmemente comprometido con los derechos civiles de cualquier persona y eso incluye, y desde ese punto de vista, que estamos con Yaiza Sotorrío en el ámbito del dictamen judicial que le ha dado la razón y que ha sido largo un proceso judicial, de dos años, que imagino lo que ha sufrido».
Por ahora, José Juan Herrera Martel mantiene su acta de concejal. Además de pieza clave de la mayoría de gobierno que sostiene al alcalde Juan Jiménez, la siguiente en la lista de la Agrupación de Electores Puerto del Rosario es la propia víctima del acoso sexual, Yaiza Sotorrío, que nadie duda que no apoyaría al actual grupo de gobierno que la despidió, ni la apoyó durante el proceso judicial que esta semana concluyó con la sentencia que aún no es firme.
«Ante la gravedad de los hechos» y de forma unánime, el equipo de gobierno del Ayuntamiento capitalino tomó la decisión, de tal manera que las hasta ahora áreas de Herrera Martel -Comercio, Consumo, Obras, Servicios y Cementerios- le fueron retiradas «de manera inmediata». Hasta que el alcalde decida la reestructuración de las áreas hasta ahora delegadas por el concejal cesado, cuestión que se decidirá en próximos días, será el propio Juan Jiménez quien, momentáneamente, asuma las competencias.
El grupo de gobierno municipal también dejó claro, a la luz de la sentencia condenatoria, su «firme y contundente rechazo ante la lacra social que es la violencia de género en cualquiera de sus formas».
La magistrada Alicia María Buendía, titular del Juzgado de lo Penal número 2 con sede en Puerto del Rosario, falló el lunes una pena de cuatro meses de prisión y lo mismo de inhabilitación para sufragio pasivo por acoso sexual. Herrera Martel aún puede recurrir la sentencia, que le condena también al pago de costas procesales, ante la Audiencia Provincial, pero mientras tanto CC y PP solicitaron desde ayer mismo su salida del grupo de gobierno «por salud democrática».
Además de la condena penal, la sentencia de la magistrada obliga al edil a indemnizar a la víctima, Yaiza Sotorrio, con 3.000 euros. El fallo declara probado que, entre mayo y septiembre de 2019, el acusado, «con manifiesta intención de satisfacer sus deseos de naturaleza sexual, realizó múltiples propuestas de idéntica naturaleza» a través de redes sociales a la víctima, «cargo de confianza en el meritado ayuntamiento y compañera de trabajo de aquel, pese a ser conocedor de las constantes negativas de la misma, generando con ello una grave situación de ansiedad a la víctima».
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