CC exige «una investigación profunda sobre la gestión» de los centros

«No en vano», prosiguió, «nosotros llevamos varios años denunciando en el Parlamento, incluso yo misma presenté una interpelación sobre el funcionamiento de los centros de menores, en este caso el de Mogán, y hemos tratado de fiscalizar en la medida de nuestras posibilidades lo que estaba ocurrido en la gestión de los centros de menores no acompañados».

Cristina Valido subrayó que «ahora lo que toca», una vez conocida la existencia de la querella, «es abrir una inspección profunda en cuanto a la gestión y al dinero público, a su uso y al adecuado funcionamiento, por supuesto también al cumplimiento de los derechos de los propios menores, que no debe ser perdido de vista. Si los recursos son para ellos y son utilizados para otras cosas, eso ha afectado a su bienestar».

Por su parte, la Dirección General de Infancia y Familia, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, sostiene que «ha colaborado totalmente con la Fiscalía y así seguirá siendo, facilitándole toda la documentación que soliciten, como se ha venido haciendo desde que se tuvo constancia de la investigación». Esa fue, a través de un portavoz autorizado, la primera reacción tras desvelar este periódico la presentación y admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas en torno a la gestión de centros de menores no acompañadas.

La Dirección General de Infancia y Familia «estudiará la posibilidad de personarse como acusación particular en caso de que persistan dudas sobre el paradero del dinero público entregado a la entidad Siglo XXI», agregaron las fuentes oficiales.

Frente a los reparos de Anticorrupción sobre la falta de celo del Gobierno en torno al cumplimiento del contrato, desde la Consejería de Derechos Sociales se subraya que «se hicieron todos los controles e inspecciones necesarias por parte de los técnicos, tanto del servicio de Inspección como de la propia Dirección General, para comprobar que se prestaba el servicio de forma correcta y nunca se encontraron irregularidades». Asimismo, agregan que «la excepcional medida de los contratos de emergencia es la de la única fórmula que se pudo articular para la atención de los menores no acompañados que llegaron al archipiélago en ese periodo. Canarias solo contaba con 500 plazas para la acogida y tutela de esos menores y durante el periodo de mayor actividad de llegadas se alcanzó la cifra de 3.000 menores bajo la responsabilidad del Ejecutivo».

«Todo lo demás», prosiguieron las fuentes oficiales, «es la entidad Siglo XXI la que debe dar respuesta de las graves acusaciones que pesan sobre ella».

La gestión de los centros fue objeto de varias interpelaciones y otras iniciativas parlamentarias. La tesis del Gobierno fue siempre que la gestión era la adecuada y que Canarias estaba respondiendo por encima de sus posibilidades.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recordaba ayer que en las juntas locales de Seguridad se reunieron con Derechos Sociales y les contaban que los menores se quejaban de la escasa alimentación, de su mala calidad, y por eso pedían comida en las calles. Elevamos las quejas a Noemí Santana, a Gemma Martínez y a otros cargos», recordó ayer Onalia Bueno, alcaldesa en funciones de Mogán, y «la respuesta era que iban a las teles y a las radios y me llamaban racista». La alcaldesa espera que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.

Desde las filas del Partido Popular, su secretario general en Canarias y diputado electo por Gran Canaria dijo que el caso Menas es uno más que sacude «a un Gobierno en el que la transparencia y la buena gestión han brillado por su ausencia, un caso más de la irresponsabilidad de unos gestores que han estado más pendientes de sus intereses partidistas que de la realidad».«Ya en 2021, en sede parlamentaria, desde el Grupo Popular alertábamos a Torres de ciertas irregularidades en la gestión de estos centros y exigimos al Gobierno que investigara y tratara de esclarecer qué estaba ocurriendo», pero, agrego el dirigente del PP, «Torres, como ha sido habitual a lo largo de su Presidencia, prefirió mirar hacia otro lado y tratar de desviar la atención. Lo mismo hizo la consejera de Derechos Sociales, que en ningún momento mostró interés alguno por lo que comenzaba a ser un secreto a voces. Desde el PP vamos a estar muy atentos del desarrollo de las investigaciones ya iniciadas para exigir responsabilidades».