CC se excluye como socio preferente del Gobierno con su rechazo frontal a los PGE

La enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que la portavoz de CC, Ana Oramas, defendió ayer en el Congreso con duros ataques al trato que otorgan a Canarias, sitúa a la formación nacionalista en el bloque de la oposición junto a PP, Vox, JxCat, CUP, BNG y Foro Asturias, muy lejos ya del bloque de socios preferentes del Gobierno de Sánchez en el que amagó con entrar cuando comenzaron las negociaciones. El alineamiento de CC con la derecha y el independentismo catalán en su rechazo frontal a las cuentas estatales escenifica a su vez con nitidez la ruptura con NC, su aliado electoral en la Cámara Baja.

Cuando a principios de septiembre el Ejecutivo estatal inició los contactos con los grupos parlamentarios para sondear posibles apoyos a los Presupuestos, la ley más importante de la legislatura, CC adelantó su voluntad de colaborar en su aprobación. Tras una primera reunión telemática con el presidente del Gobierno y otra posterior con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, -ambas junto a las otras formaciones del grupo mixto- Oramas aseguró que pese a haber votado en contra de la investidura de Sánchez y rechazar el Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos, su partido estaba dispuesto a sentarse a hablar de las cuentas públicas del año que viene. «No estamos en la oposición, sino en la voluntad de contribuir a sacar adelante todo lo que sea bueno para Canarias y para el conjunto del país», señaló entonces Oramas, en el convencimiento de que son imprescindibles unos Presupuestos adecuados para afrontar reconstrución y en especial para hacer frente al impacto de la crisis en las islas.

La disposición inicial de CC al diálogo y a un eventual apoyo a los PGE quedó en todo caso condicionada a que el Gobierno recogiera en el proyecto de ley un trato diferenciado y específico a Canarias, en atención a la mayor gravedad de su situación socio-económica y en cumplimiento del REF y del Estatuto de Autonomía, las dos leyes que enmarcan el fuero canario aprobadas hace dos años, junto al mantenimiento de las partidas consolidadas en las cuentas de 2018 y un reparto de los fondos europeos proporcional al impacto de la pandemia en cada territorio.

La estrategia de negociar la ficha financiera de Canarias de forma conjunta con NC que se adoptó en un principio con el objetivo de obtener el mejor resultado posible para los intereses de las islas saltó por los aires en cuanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevó al Congreso el 28 de octubre el proyecto de ley presupuestario y se pudo bucear en su contenido al detalle. CC ya había dejado claro su malestar por la negativa del Gobierno a adelantar la negociación política antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde a los PGE y limitarla a contactos técnicos -en los que sí siguió participando NC-, pero fue la ausencia de algunas de las partidas derivadas del REF lo que llevó a la formación nacionalista a pasar del diálogo al enfrentamiento con el Ejecutivo estatal.

En el Gobierno ha sentado especialmente mal la acusación de que las cuentas estatales «condenan a Canarias al hambre y la miseria» vertida como un mantra por CC, porque considera que lejos de basarse en datos objetivos -el gasto estatal en la islas crece en su conjunto- responde a un interés político de desmarcarse haciendo mucho ruido dado que el voto de Oramas no es decisivo, en una actitud que el entorno de Sánchez entiende impropia de un partido responsable.

Desde los partidos que apoyan al Gobierno la principal crítica es que la posición que ha adoptado CC ante las cuentas de 2021 es poco coherente con el apoyo que la formación nacionalista ha dalo a presupuestos anteriores, como los de 2017 y 2018, que eran de partida peores para Canarias que el proyecto de ley que ahora se debate y que fueron mejorados durante el trámite parlamentario de enmiendas parciales como fruto de la negociación política.