El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante laentrevista. / EFE

Escrivá aplaude la solidaridad con Ucrania pero pide lo mismo con Canarias

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que el éxodo ucraniano ha puesto a prueba el sistema de acogida y asilo estatal y se encuentra ante un importante «reto», con los alrededor de 120.000 ucranianos que calcula el Gobierno que ya hay en España

EFE Madrid

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, elogia la respuesta de España con el pueblo ucraniano en la acogida de refugiados y reclama esa misma solidaridad a las comunidades autónomas con Canarias y Ceuta, que tutelan a miles de menores no acompañados y no reciben apoyo.

«Si en Europa España está defendiendo un binomio de responsabilidad y solidaridad, ese binomio lo tenemos que trasladar también internamente», afirma en una entrevista con EFE, en la que analiza la gestión de la llegadas de desplazados ucranianos, las consecuencias en los flujos migratorios de las nuevas relaciones entre España y Marruecos y la acogida de la infancia migrante.

El ministro reconoce que el éxodo ucraniano ha puesto a prueba el sistema de acogida y asilo estatal y se encuentra ante un i mportante «reto», con los alrededor de 120.000 ucranianos que calcula el Gobierno que ya hay en España.

95.000 protecciones temporales en un mes

Desde que estalló la guerra y Europa activó la directiva de protección temporal, que garantiza a los desplazados permiso de residencia y trabajo y acceso a la sanidad, la educación y ayudas económicas, se han tramitado en España en poco más de un mes unas 60.000 solicitudes y otros 35.000 ucranianos tienen ya cita previa, por lo que en los próximos días una 95.000 personas contarán con esta vía de protección.

El pico de llegadas se produjo a mediados de marzo y desde entonces se ha desacelerado «muchísimo», advierte el ministro, que valora la respuesta sin precedentes que está dando Europa a esta crisis de refugiados frente a lo ocurrido en 2015 y 2016, cuando unos dos millones de sirios llegaron a suelo europeo.

«Faltaba consenso a nivel europeo y esta vez ha habido consenso. España siempre está entre los países que lideran que Europa tenga un marco de asilo y de migraciones lo más generoso posible y con la mayor implicación en términos de solidaridad», considera.

Más apoyo de las autonomías en el reparto de menores migrantes

Un apoyo que echa en falta en la actuación de las comunidades para que haya un reparto solidario de los casi 3.000 menores extranjeros no acompañados que tutela el Gobierno canario o los más de 300 que acoge Ceuta, ya que las autonomías son las competentes.

«Si Ceuta o Canarias han demostrado tanta responsabilidad a la hora de tener que absorber un volumen tan alto de menores no acompañados, con la presión que significa eso sobre su administración, creo que tiene que haber una respuesta de solidaridad del resto de comunidades«, asevera Escrivá.

Y cita como ejemplo los centros habilitados por Inclusión en el Plan Canarias para desplegar en el archipiélago alrededor de 7.000 plazas en campamentos provisionales de acogida.

«Tenemos a unas 600 personas y el periodo medio de estancia es de mes y medio, el tiempo justo para conocerles, hacer una primera aclimatación y después ya se distribuyen por todo el territorio. Esto que estamos haciendo nosotros en Canarias sería deseable que las comunidades lo hicieran con los menores no acompañados», asevera.

El sistema de acogida puesto a prueba

La Comunidad Valenciana y Cataluña también han apelado a esa solidaridad en la acogida de refugiados ucranianos, ya que están recibiendo a alrededor del 60% de los desplazados de toda España. «Puntualmente, puede haber alguna tensión en el sistema», admite Escrivá, que recalca, no obstante, que la gestión de la acogida es competencia estatal y que las autonomías son responsables de la escolarización de los niños y la sanidad.

«Acoger a 100.000 personas como lo estamos haciendo es un reto y estamos ensayando opciones que hasta ahora no habíamos tenido», señala en referencia al programa de acogimiento familiar en el que ya se han inscrito «algo más de 2.000 familias».

Escrivá es también «optimista» con la integración de estos refugiados, porque sus perfiles «casan bien» con el mercado de trabajo español.

Su departamento trabaja ahora en cerrar el operativo para que lleguen a España unos 2.000 ucranianos desplazados que se encuentran en Moldavia, país al que muchos han huido de la guerra y que no tiene recursos para acogerlos.

Relaciones «engrasadas» con Marruecos

Al margen de la gestión de los flujos de refugiados ucranianos, Escrivá se muestra optimista al analizar el impacto de la nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos, convencido de que unas relaciones «engrasadas» y con «mucha lealtad» son clave para Canarias, el sur de la península y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Destaca en este contexto la importancia de que se hayan retomado las devoluciones de los marroquíes que llegan irregularmente a las costas españolas, prácticamente paralizadas durante la pandemia.

«El retorno de los marroquíes que llegan a España ilegalmente creo que es un mecanismo muy eficaz sinceramente para desincentivar las llegadas», afirma.

No tiene información sobre un posible aumento de flujos desde Argelia. Las pateras, asume, «seguirán llegando» porque las mafias continuarán operando y porque los factores que empujan a miles de personas a dejar África no van a desaparecer.

La bolsa de irreglaridad

Sobre la iniciativa legislativa popular para realizar una regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes que promueven diversas ONG, Escrivá deja claro que en el marco europeo de migración y asilo «no es posible» un mecanismo como el que puso en marcha en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que consiguieron documentación cerca de 579.000 extranjeros.

«Nos hemos comprometido todos los países a no incurrir en ese tipo de procesos, lo que no quiere decir que e l reglamento y el marco de extranjería no sea mejorable en distintos aspectos», apunta.

El periodo medio de irregularidad de un extranjero desde su llegada a España es de siete años y medio y el ministro avanza su intención de reducir esa bolsa tan elevada.

«Hay posibilidades, estamos trabajando en ello, la reforma laboral probablemente nos lleva a tener que replantearnos algunos elementos del reglamento de la ley de extranjería que estaban pensados en un marco que ya no existe», señala sin precisar detalles de la futura reforma.