RR7 era una empresa «fantasma y pirata»

Estos avisos fueron ignorados, según la Fiscalía, por Pérez que ejecutó el ingreso por adelantado de los dos millones de euros que debían abonarse a la empresa adjudicataria cuando llegara el cargamento de mascarillas 3M modelo 1860 a las islas.

El modo de proceder de la que fuera directora general fue «indiciario de una deficiente y desleal gestión del patrimonio público» al no prever un riesgo de engaño (jurídicamente desaprobado) que le fue advertido -dada la nula actividad de la empresa adjudicataria- por las jefas de servicio competentes en materia de contratación de la dirección general de Recursos Económicos del SCS. Una acción que supuso, insiste esta parte, un «menoscabo por importe de 2 millones de euros en el patrimonio público».

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Francisco José Fajardo

El riesgo de «incumplimiento» por parte de RR7 United SL era «apreciable», destaca Javier Ródenas, «por cualquiera que hubiera operado con un mínimo de diligencia». Todo ello, insiste, «cuando el riesgo le fue advertido por funcionarios públicos con rango y poder de decisión. Se trataba de las jefas de servicio de contratación del Servicio Canario de la Salud, quienes habían tramitado y resuelto satisfactoriamente más de una decena de contratos de suministro de emergencia en la peor época de la pandemia por el coronavirus.

Ese supuesto riesgo se lo hicieron saber a la querellada «con carácter previo a la ejecución de la orden del segundo pago», quién «no pudo ignorar estas recomendaciones» porque fue ella misma quién, en los días anteriores a la fecha de 28 de octubre de 2020, convocó a una reunión a dichas funcionarias. Asistieron a ese encuentro las dos jefas del servicio de Contratación y Asuntos Generales de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud para analizar «la adopción de una decisión sobre el segundo pago del 50% restante». Todo ello después de que hubiesen transferido ya el 7 de agosto de ese año un primer plazo y RR7 «no había entregado ni una sola mascarilla (del millón prometido), y no había en el expediente ningún tipo de gestión o realización de actividad alguna para su consecución». Solo figuraba en el mismo un correo electrónico reenviado en el que el investigado Rayco Rubén González hacía saber a Ana María Pérez «la necesidad de contar con el pago de dos millones de euros más».

Pues bien, en dicha reunión las técnicos gráficamente le dijeron que RR7 «era una empresa fantasma, una empresa pirata» y que «autorizar ese segundo pago le iba a traer problemas y consecuencias». También desgrana la querella que insistieron a Pérez en que «podía ser objeto de una estafa», que se había visitado el domicilio social de la empresa y «no había nada ni siquiera una placa», que consultadas fuentes como internet referente a RR7 «la misma se dedicaba a la venta de coches y taller de reparación de automóviles» y que, por ende, «era notorio que podría ser un engaño».

A pesar de todo, Pérez decidió «con amparo en el correo electrónico recibido el 19 de octubre de 2020 y con un informe técnico certificando la necesidad de completar el proceso de la adquisición de las mascarillas» de 3M, ordenar el libramiento del segundo pago de dos millones.