La trama corrupta extorsionaba a empresarios del negocio ganadero

Taishet Fuentes, que fue director general de Ganadería del Gobierno canario hasta ser destituido el pasado año, es uno de los doce detenidos este martes en una operación centrada en los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho en el marco de una operación realizada en varias provincias en relación a presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones europeas vinculadas al sector primario y el cobro de comisiones a cambio de no realizar inspecciones.

Según adelantó este periódico, también fue detenido un antiguo mando de la Guardia Civil en Canarias, el general retirado Francisco Espinosa Navas, otro empresario más del sector de la alimentación y los agentes estaban a la espera de contar con la autorización de Tribunal Supremo para hacer lo propio con el diputado del PSOE por Las Palmas en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, tío de Taishet Fuentes. En la noche de este martes, Juan Bernardo Fuentes anunció que deja el escaño, presionado por el Partido Socialista desde Canarias y a nivel federal.

Presuntamente, las pesquisas se dirigían a esclarecer si los investigados extorsionaban a un grupo amplio de empresarios relacionados con el sector ganadero y también productores de queso para conseguir comisiones importantes con esa promesa de que no iban a ser objeto de inspecciones en sus negocios. También les ofrecían facilitar el acceso a los mismos de fondos europeos de ayuda al sector, según informan fuentes de la investigación. Las mismas apuntan a que estas personas detenidas llevaban a cabo funciones de asesoramiento y facilitaban a empresarios que no eran de las islas a instalarse en Canarias para aprovecharse de los beneficios que les brindaba la Zona Especial Canaria (ZEC), todo ello a cambio también de comisiones.

El órgano que está llevando la investigación es el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con el titular de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, Jaime Serrano-Jóver González. Hubo 13 registros en Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Valencia y Madrid en los que se recogió documentación y dinero.

El procedimiento sigue vivo y no se descartan más detenciones, aunque por ahora fueron 12, dos de ellas practicadas en las islas, y el resto en territorio peninsular. Agentes de Delitos Económicos de la Policía Nacional, de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) desarrollan esta operación.

La misma arrancó hace un año después de que se detectara una denuncia falsa en la que apareció como uno de los implicados el político Ángel Luis Pérez, que fuera director general de Deportes en el Cabildo de Tenerife. Los agentes se encontraron con la sorpresa de que había una persona en esta trama que formaba parte de los presuntos extorsionadores detenidos.

En ese momento, el órgano judicial encargado remitió un oficio a la Policía Judicial de la Policía Nacional para que realizara las diligencias necesarias para esclarecer las sospechas que existían acerca del supuesto proceder corrupto de los que ocuparon el cargo de director general de Ganadería del Ejecutivo, además de otras personas.

Taishet Fuentes «ya no cuenta con la confianza del Gobierno de Canarias», explicó el 30 de junio de 2022 de forma escueta Julio Pérez, portavoz del Ejecutivo regional, la destitución del director general de Ganadería. A casi todos cogió por sorpresa porque justo acababa de terminar la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga) de Fuerteventura, a la que no faltó el aún director general, al lado de la consejera regional Alicia Vaneestende.

Si aquel cese se relaciona con la detención de Fuentes, entonces nadie avanzó nada, ni dio una mínima señal. De hecho, la decisión surgió tras la reunión del sector ganadero con el presidente Torres, quien quería dar «un nuevo impulso y orientación» al área de Ganadería ante la crisis por las que atravesaba –y atraviesa– debido al precio de la alimentación del ganado derivado de la subida del transporte.

Taishet (Puerto del Rosario, 1985) había sustituido a su tío, Juan Bernardo Fuentes, al frente de la dirección general en marzo de 2020. El hasta ayer diputado nacional y ahora investigado se marchó al Congreso de los Diputados para ocupar el escaño que dejaba libre Elena Máñez, tras su nombramiento como consejera de Economía del Gobierno de Canarias. El ex director general detenido procede de una de las familias más fuertes del PSOE, los Fuentes Curbelo, a la que pertenece Domingo Fuentes, exvicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, exsenador y hoy director insular de la Administración General del Estado. Por eso, a nadie sorprendió cuando, a pesar de su formación en el grado en Gestión Aeronáutica por la Universidad Autónoma de Madrid, dio el salto a la política municipal de Antigua, donde desempeñó el cargo de concejal de Comercio, Playas, Sanidad y Consumo tras las elecciones de 2019.

También fue asesor de Blas Acosta, secretario insular del PSOE y actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, en la Vicepresidencia y Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio en el Cabildo.

La detención de este martes le llegó apenas unos días después de ser proclamado de nuevo candidato a la alcaldía de Antigua y siete meses después de aquella «pérdida de confianza» por parte del Gobierno de Canarias.

También fue detenido un mando jubilado de la Guardia Civil, el general Francisco Javier Espinosa Navas, que estuvo al frente de la comandancia de Las Palmas. Fuentes de la investigación señalaron que los delitos que se le imputan se circunscriben a los años 2020 y 2021 por supuesta pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.

En esos años Espinosa se encontraba en el proyecto GAR SI Sahel, de formación a agentes de los países de ese área africana y coordinado por la Unión Europa.

Presuntamente, el papel de Espinosa era el de amenazar a los empresarios extorsionados de que, si no cedían a la presión ejercida por el resto de investigados, usaría su influencia como exmando de la Benemérita. ¿De qué forma? Pues, entre otras, advirtiéndoles de posibles inspecciones del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza).

Hay que destacar que Espinosa, que ya estuvo investigado por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso Unión, ascendió a general la víspera de cumplir los cuatro años máximos que podía ejercer como coronel, con Juan Ignacio Zoido de ministro del Interior.

Nacido en Sevilla el 11 de enero de 1956, fue destinado a Canarias en julio de 2008 para liderar la Comandancia de Las Palmas, cargo que ocupó hasta 2012 cuando fue sustituido por el coronel Ricardo Arranz. El 14 de diciembre de 2012 fue ascendido a general de división y fue destinado a servicios especiales en el Sahel, concretamente en la Secretaría de Cooperación Internacional.

Otra de las personas investigadas es Juan Bernardo Fuentes, diputado socialista por la provincia de Las Palmas hasta ayer. Fue director general de Ganadería en el inicio del mandato y lo relevó en el cargo su sobrino Taishet Fuentes. Está imputado por su presunta relación con los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.

Tras conocerse las detenciones, han sido múltiples las reacciones que han censurado la presunta actuación de los investigados.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifestó a este periódico, en voz de su portavoz Juan Couce, que con estas noticias «se evidencian nuestras reclamaciones de la necesidad en la Guardia Civil de mayor transparencia y mecanismos que ayuden a evitar la corrupción dentro del cuerpo. Por ello y respetando profundamente la presunción de inocencia», añade, «es necesario que las asociaciones profesionales tengan un papel fundamental en este sentido dentro del Consejo de la Guardia Civil».

También se quejó la AUGC de que la Guardia Civil no haya «cumplido la recomendación de GRECO de disponer de un órgano específico de vigilancia del cumplimiento de las normas éticas en el ejercicio de las funciones inherentes» al Instituto Armado y «singularmente por quienes ejercen el mando al más alto nivel». Tampoco, insiste esta parte, «se ha regulado un canal de denuncias adecuado que garantice la no afectación de la carrera del guardia civil denunciante y que le preserve de represalias. Es una asignatura pendiente que AUGC siempre ha demandado».

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