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El empresario Rayco Rubén González (a la derecha), acompañado de su abogado, al llegar a la Ciudad de la Justicia. Juan CArlos alonso
Las defensas del caso Mascarillas piden al magistrado salir del limbo judicial

Las defensas del caso Mascarillas piden al magistrado salir del limbo judicial

caso mascarillas ·

El juez García García-Sotoca tiene sobre la mesa sendos escritos de los abogados de Conrado Domínguez y el dueño de la empresa RR7

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 20 de noviembre 2022

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El caso Mascarillas sufrió una parálisis tras entrar en escena la Fiscalía Europea reclamando las competencias para instruir. Previamente el juez Francisco Javier García García-Sotoca había decretado el secreto de las actuaciones durante un mes. Ahora, las defensas de los investigados reclaman al magistrado que ponga fin al limbo judicial del caso, tanto levantando el secreto como trasladándoles el escrito de la Fiscalía Europea y aclarándoles cómo queda la instrucción.

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La defensa del empresario Rayco Rubén González presentó la pasada semana un escrito en ese sentido en el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria. Previamente la representación legal de Conrado Domínguez recurrió el auto de declaración del secreto de la actuaciones durante un mes para todas las partes, excepto para la Fiscalía Anticorrupción.

En ese auto, el juez ya había incluido el presunto delito de malversación de caudales y mencionaba un séptimo investigado: Osvaldo Lastras, amigo personal de Conrado Domínguez.

La instrucción se frenó en seco tras reclamar la Fiscalía Europea las competencias al entender que se usó dinero de la UE

Hasta ese momento, el caso Mascarillas giraba en torno a los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, que se habrían cometido en la operación por la que el Servicio Canario de Salud pagó 4 millones de euros a la empresa RR7 para que comprase un millón de mascarillas de la marca 3M, material que nunca fue entregado.

Inicialmente la querella de la Fiscalía Anticorrupción incluyó a Conrado Domínguez -que ya dimitió como director del Servicio Canario de Salud; Ana María Pérez, que fue directora de Recursos Económicos en Sanidad, y el dueño de RR7. Con posterioridad, el juez, a instancias del fiscal Anticorrupción, añadió tres nuevos investigados: la esposa, un primo y la madre de Rayco Rubén González, cuyos nombres aparecieron en el entramado de empresas vinculadas a RR7.

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La instrucción dio un «giro radical» tras la declaración del empresario, que reveló que sí había mantenido contacto directo con Conrado Domínguez antes de la firma del contrato y con posterioridad. Aportó para ello mensajes de teléfono móvil, tanto escritos como de audio, que desmontaron la tesis esgrimida por Conrado Domínguez, que siempre sostuvo que no conocía a Rayco Rubén González y que su único contacto con RR7 había sido a través de su amigo Osvaldo Lastras y de un conocido de este, Samuel Machín. Ambos habrían participado en calidad de intermediarios a cambio del cobro de comisiones.

La Fiscalía Europea reclamó el caso al entender que el contrato entre el Servicio Canario de Salud y RR7 se sufragó con fondos comunitarios. Sin embargo, la Intervención General de la Comunidad Autónoma remitió al juzgado, a requerimiento de este, un escrito en el que detalla que se pagó con fondos propios de las arcas autonómicas. Fue así porque el Servicio Canario de Salud al final no completó el trámite que habría permitido cargar la operación a los fondos Feder de la Unión Europea.

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