Declara ante el juez el autor de la denuncia que de rebote hizo aflorar el «caso Mediador»

El procesado acudió a finales de 2022 a una comisaría alegando que en su tarjeta aparecían cargos por valor de 2.575 euros efectuados sin su permiso por Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el «mediador» que dio nombre a la posterior trama de presunta corrupción.

La denuncia fue interpuesta después de que su esposa viera unos gastos que le llamaron la atención y que el exdirector general dijo que se habían hecho sin que él lo supiera, por lo que su pareja acto seguido le instó a acudir a comisaría.

A finales de enero, Navarro Tacoronte fue detenido durante dos días en un calabozo por esos hechos, hasta que alegó que en sus teléfonos móviles tenía mensajes y documentos que probaban que los cargos se habían hecho con conocimiento del denunciante... además de una ingente cantidad de fotos, audios y detalles que acabaron aflorando una trama de presuntos sobornos a políticos.

Con ese material, la juez empezó a investigar supuestos pagos de sobornos a políticos por parte de empresarios que perseguían tratos de favor, un caso que ya suma más de 20 imputados, entre ellos el exdiputado nacional Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE) y miles de folios instruidos.

La declaración de este martes se llevó a cabo en otro Juzgado y no pertenece al grueso del «caso Mediador», sino que circunscribe a la supuesta denuncia falsa, un delito que está penado con un máxima de dos años de cárcel, aunque en esta ocasión tiene un valor significativo por la investigación que desencadenó.

El exdirector general ha rehusado hacer comentarios a los periodistas que le esperaban a la entrada del Palacio de Justicia. De hecho, una vez que acabó su comparecencia, sobre el mediodía, no salió por la puerta principal por donde había entrado a las 9.30.

No obstante, antes de comparecer ante el juez, comentó en una charla informal que era el primer interesado aclarar de una vez todas lo ocurrido con el fin de poner fin a un asunto que, según ha indicado, le ha acarreado numerosos problemas familiares y que incluso supuso su dimisión como consejero del Cabildo.

Peña Pérez ha señalado que desde que interpuso aquella denuncia y se inició el caso Mediador ha vivido «un calvario» que ahora sólo deseaba que acabara lo antes posible.

En lo que se refiere al grueso del caso Mediador que se instruye en el Juzgado número 4, tras una parada en las declaraciones debido a compromisos previos de un abogado y permisos de paternidad de otro, la ronda se retomará a principios de noviembre.

El día 7 están llamados a declarar como testigos funcionarios de la Consejería de Agricultura dado que una de las principales sospechas se basa en la supuesta anulación de sanciones y trato de favor a empresarios ligados a este sector.

Los citados son la interventora Natalia de Luis Yanes, los jefes de Servicio Guillermo Diego Romero y Antonio Manuel Cardona, y el técnico Pedro Peláez Pérez.

Un día después ya en calidad de investigados comparecerán Rubén Fuentes al que se le atribuye haber servido como intermediario en algunos pagos, y Cristian Mauricio Lillo y Gemma de los Ángeles, como receptores de 7.500 euros por parte de una empresa de drones que pretendía instalarse en Canarias.

También está citado Sergio de Frutos Gouth dueño del local en el que se celebraban las fiestas organizadas por el «Mediador» y quien habría hecho una transferencia de 25.800 euros a la pareja de Navarro Tacoronte para supuestamente desbloquear su proyecto para ampliar la terraza de un negocio en Madrid.