Conrado Domínguez, sobre un ganadero: «Que recurra (...) y le echamos una mano»

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de febrero 2023, 01:00

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El alcance del caso Mediador no se limita a las gestiones de altos cargos de la Dirección General de Ganadería; también entraron en juego otras áreas del Gobierno canario, como Sanidad, a través del Servicio Canario de Salud (SCS).

En la documentación manejada por los investigadores policiales aparece un mensaje enviado por Conrado Domínguez, entonces director del SCS, cuando se le informa del expediente al que se enfrenta el ganadero Alberto Montesdeoca de Tenerife. La respuesta de Domínguez, vía móvil, fue: «Que lo recurra bien justificado y le echamos una mano».

Según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la agenda de trabajo de Conrado Domínguez del mes de marzo de 2021 incluyó, al menos, una cita con el empresario Alberto Montesdeoca. Este recurrió a la trama de presunta corrupción para ver si el expediente sancionador a su ganadería se anulaba o se reducía. Asimismo, exploraba vías de negocio con el Servicio Canario de Salud.

Esos y otros contactos están siendo investigados desde hace más de un año en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña. El listado de empresas es muy amplio, como también el de accionistas y ejecutivos. Este periódico ha constatado vínculos con compañías de gran relevancia del sector turístico, la construcción, el automóvil, el deporte, las energías renovables y la limpieza.

Respecto a Conrado Domínguez, sigue investigado en el caso Mascarillas, centrado en los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, estafa agravada y malversación.

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En noviembre del pasado año, Conrado Domínguez tuvo que dejar su cargo precisamente por lo que reflejaban sus mensajes de móvil. Ante el fiscal Anticorrupción, ante el juez instructor y ante altos cargos del Gobierno de Canarias sostuvo que no conocía al empresario Rayco Rubén González y que no había mediado para el contrato del Servicio Canario de Salud con la empresa RR7 Services.

Esta compañía de compraventa de vehículos fue la elegida por el Gobierno para adquirir un millón de mascarillas sanitarias de la marca 3M. A cambio recibió cuatro millones de euros -en dos pagos de dos millones de euros, cada uno-, sin garantía alguna y sin comprobación previa sobre la solvencia de la sociedad. El material nunca fue entregado.

La publicación por parte de este periódico de mensajes de móvil entre Domínguez y el dueño de RR7 dejó sin salida política al entonces director general del Servicio Canario de Salud, que cesó cuando se le comunicó que, si no lo hacía, su destitución iba a ser abordada en el Consejo de Gobierno.

Como funcionario que es con plaza en Sanidad, Conrado Domínguez ha regresado a su puesto, en la misma sede del Servicio Canario de Salud.

El caso Mascarillas continúa instruyéndose en la Fiscalía Europea. Este organismo lo asumió al entender que puede haber una malversación de fondos comunitarios, si bien la Intervención General de la Comunidad Autónoma detalló al juzgado que no se formalizó la adscripción de la operación a los fondos Feder ni a otros de origen comunitario.

Tras ser admitida a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción, en el caso Mascarillas siguen investigados el propio Domínguez, la entonces directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, el comisionista Samuel Machín, el también intermediario Osvaldo Lastras y el empresario Rayco Rubén González, su esposa, su madre y un primo. Se investigan en ese caso los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias. blanqueo de capitales y estafa agravada, al que se añadió el de presunta malversación.