La investigación ha acreditado los vínculos de amistad entre Calatayud y San Ginés. / c7

Pedro San Ginés, investigado judicialmente por pertenencia a organización criminal

También están imputados Ignacio Calatayud, su mujer, y Adelfas 24 S.L., la sociedad de su suegro, Felipe Fernández Camero

N.M. Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife da un paso más en el llamado caso Pedro San Ginés, tras las acciones judiciales emprendidas por el Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) en marzo del pasado año.

Según recoge el auto de incoación, los delitos imputados inicialmente a expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se concretan en prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsificación documental, cohecho y blanqueo de capitales que se extienden a deslealtad profesional en el caso del abogado Ignacio Calatayud, con estrechos vínculos de amistad a San Ginés.

La denuncia se interpuso tras detectar la administración del Consorcio del Agua la presunta apropiación indebida por parte de Ignacio Calatayud de costas judiciales pertenecientes a ambas entidades por un importe superior a 800.000 euros. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la Asamblea del Consorcio e Inalsa, que acordó iniciar acciones penales para recuperar los fondos públicos sustraídos a ambas entidades aprovechando los procedimientos incidentales que rodearon el concurso de acreedores en que se vio inmersa la sociedad.

Calatayud, que se iniciaba en esos años en el ejercicio del derecho como profesional independiente, careciendo por tanto, según fuentes jurídicas, de experiencia acreditada o especialización que pudiera justificar su elección, fue contratado por Pedro San Ginés de manera presuntamente irregular y en apariencia sin más méritos que la intensa relación de amistad que sostenía con el que era en esa época presidente del Cabildo y de los entes públicos perjudicados. Así lo subrayan las fuentes consultadas.

Esta relación, que en la medida en que fue haciéndose pública y notoria llegó a ser reconocida públicamente por San Ginés sin que, paradójicamente, se abstuviera de contrataciones en favor de su amigo, ha quedado acreditada por los investigadores, que han tenido acceso, tras la intervención de varios dispositivos electrónicos, a cuantiosas imágenes que demuestran la intensidad de ese vínculo pues recogen momentos de especial intimidad, viajes compartidos y celebraciones privadas.

270.000 euros. Es el precio que, según la declaración de Juana Fernández de las Heras, apoderada de Adelfas 24, se pagó por la vivienda de San Ginés, con el añadido de que«todos los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias». Esa versión desmonta la de San Ginés.

A lo largo de la investigación, que ha supuesto un año y medio de diferentes pesquisas a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, se ha acreditado que la apropiación de estas costas, pertenecientes a ambos entes públicos, se llevó a cabo con pleno conocimiento y con la complicidad de Pedro San Ginés, quien aumentó los ingresos de su amigo con diferentes encargos, hasta superar los 1.500.000 euros.

Además, la investigación trata de acreditar, más allá del papel de 'facilitador' desempeñado por San Ginés, la posible comisión de un delito de cohecho. Se trataría de confirmar los indicios de que San Ginés pudo recibir parte del dinero presuntamente malversado, siendo auxiliado, presuntamente, por Calatayud y su entorno familiar para 'blanquear' ese dinero.

El aspecto más llamativo de la calificación provisional realizada por el magistrado es la inclusión del delito de «pertenencia a grupo u organización criminal». Un delito que supone, según el Código Penal, «la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos»

La «organización criminal» estaría compuesta, siempre según el auto de incoación, por Pedro San Ginés, Ignacio Calatayud, Juana Fernández de las Heras, esposa de Calatayud e hija del controvertido abogado Felipe Fernández Camero.

La presencia en el caso y el papel relevante de los integrantes del grupo familiar liderado por Fernández Camero ha supuesto, incluso, la imputación en la causa como persona jurídica de su sociedad Adelfas 24 S.L.

Las cifras dadas por el expresidente no casan con el valor de mercado

Es la consideración como organización criminal de las personas investigadas la que justificó el rastreo de cuentas ordenado por el instructor y el registro llevado a cabo en sus viviendas el pasado 28 de marzo, al considerar los investigadores que «el entramado delictivo objeto de la presente causa fue diseñado y participado por personas con diversos conocimientos técnicos, en tanto ostentan la condición de letrados y presidentes de corporaciones y entes locales, lo que permite inferir que los datos hallados hasta el momento no reflejan la totalidad de los hechos, cuya reconstrucción pretende la instrucción penal y han podido ser ocultados».

Respecto a Adelfas 24 S.L., señalaba que «fue utilizada por el entramado criminal familiar vinculado a la misma para hacer efectiva la entrega de un inmueble al investigado Pedro San Ginés Gutiérrez». El juez se refería así a la vivienda en la que San Ginés reside desde hace más de una década, y que sigue constando a nombre de Adelfas 24 en el Registro de la Propiedad.

La investigación de la cesión de esta vivienda a San Ginés es un elemento central de las pesquisas, ya que todos los datos apuntan a que los pagos hechos por San Ginés estarían muy por debajo del precio en el mercado. La confesión de San Ginés reconociendo haber pagado casi cien mil euros en 'dinero negro' es contemplada por los investigadores como un intento de eludir la acusación de cohecho. Felipe Fernández Camero se negó a confirmarla en su comparecencia ante el instructor.